México. – Con la llegada de abril y mayo, millones de trabajadores en México esperan el pago de utilidades, un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, no todos los empleados tienen acceso a este beneficio.
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¿Quiénes sí reciben utilidades?
- Trabajadores de empresas privadas que hayan generado utilidades durante el ejercicio fiscal anterior.
- Empleados de planta o eventuales que hayan laborado al menos 60 días en el año, sin importar si siguen contratados al momento del reparto.
- Ex trabajadores que cumplieron con el tiempo mínimo de servicio, incluso si ya no están en la empresa.
- Sindicalizados y de confianza, siempre que la empresa haya reportado ganancias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El monto se calcula en función de los días trabajados y el salario percibido, y debe entregarse entre el 1 de abril y el 30 de mayo para empresas, y entre el 1 de mayo y el 29 de junio para personas físicas con actividad empresarial.
¿Quiénes no reciben utilidades?
- Trabajadores del gobierno: empleados de dependencias públicas, organismos descentralizados y entidades estatales.
- Directores, administradores y gerentes generales: considerados representantes de la empresa.
Socios o accionistas: quienes participan directamente en las ganancias de la compañía. - Empresas de nueva creación: durante su primer año de operación no están obligadas a repartir utilidades.
- Instituciones sin fines de lucro: como asociaciones civiles, beneficencias o cooperativas.
Importancia del reparto
El pago de utilidades es un mecanismo que busca reconocer la aportación de los trabajadores al éxito económico de las empresas. Además, representa un ingreso adicional que puede destinarse al ahorro, pago de deudas o consumo familiar.
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Las utilidades son un derecho laboral que beneficia a la mayoría de los trabajadores del sector privado, pero excluye a quienes laboran en el gobierno, ocupan cargos directivos o forman parte de empresas sin fines de lucro. El cumplimiento puntual de este pago es supervisado por la Secretaría del Trabajo y el SAT, garantizando que los empleados reciban lo que les corresponde.
