ONU solicita a México eliminar el arraigo

Ginebra.- El Comité contra la Tortura (CAT) de
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) urgió hoy al Estado
mexicano abolir la figura del arraigo y lo instó a aprobar una ley
general sobre desapariciones forzadas.
El CAT observó “con preocupación que, a pesar de lo recomendado con
anterioridad el Estado parte elevó a rango constitucional la figura del
arraigo en 2008, estando también regulada por algunas entidades
federativas, como el estado de Jalisco”.
A la luz de lo establecido en la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “el Comité reitera su
recomendación de que el Estado parte elimine la detención mediante
arraigo de la legislación y la práctica, tanto a nivel federal como
estatal”.
El CAT, asimismo, “está preocupado por el aumento progresivo del
número de desapariciones forzadas presuntamente cometidas por
autoridades públicas o grupos criminales o particulares que actuarían
con el apoyo directo o indirecto de agentes del Estado, en estados como
Coahuila, Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas”, afirmó.
Recomendó “velar por que las entidades federativas tipifiquen y
sancionen el delito de desaparición forzada en conformidad con lo
establecido por la normativa internacional en la materia”.
Enumeró este viernes estas y una serie de recomendaciones finales al
gobierno mexicano publicadas al terminar su sesión en Ginebra durante la
cual revisó el informe de México.
Pidió garantizar que los casos de desapariciones forzadas sean
“investigados de forma pronta, exhaustiva y eficaz así como que se
castigue a los culpables con sanciones adecuadas a la gravedad de los
delitos”.
El Comité además urgió al Estado parte a modificar su Código de
Justicia Militar, de conformidad con las sentencias dictadas por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN).
Esto “a fin de excluir la competencia de la jurisdicción militar para
juzgar sobre casos de violaciones de derechos humanos y delitos contra
civiles en los que haya militares involucrados”.
El CAT encomió las reformas legislativas realizadas en México como la
adopción de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia y la ley sobre refugiados.
Igualmente, aplaudió la reforma constitucional en materia de derechos
humanos de junio de 2011 que eleva a rango constitucional todos los
derechos humanos garantizados en los tratados internacionales
ratificados por el Estado parte.
No obstante, instó al gobierno mexicano “a redoblar sus esfuerzos
para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra las mujeres,
incluidos los asesinatos y desapariciones por motivos de género”.
Llamó a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este ámbito.
En cuanto a defensores de derechos humanos y periodistas, el CAT
instó a “tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad e
integridad física frente a la intimidación y violencia a la que podrían
exponerles sus actividades”.
Pidió “acelerar el establecimiento del Mecanismo de Protección
previsto en la Ley para la protección de las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas”.
Entre otras recomendaciones del CAT destacan además “la de garantizar
que las confesiones obtenidas mediante actos de tortura y malos tratos
no sean utilizadas como prueba en ningún procedimiento”.
Pidió que se realicen exámenes médicos independientes cada vez que
exista una denuncia de tortura cuando así lo solicite el sospechoso ante
el tribunal, y que se lleve a cabo una investigación pronta e imparcial
siempre que haya motivos para pensar que se ha cometido un acto de
tortura.
“En especial cuando la única prueba presentada en contra del acusado sea una confesión”, puntualizó.
En materia legal, el CAT pidió a México modificar la Ley Federal para
Prevenir y Sancionar la Tortura para que la definición de tortura
abarque todos los elementos que figuran en el artículo 1 de la
Convención.
Especialmente los actos de tortura cometidos por terceros a
instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario
público.
Recomendó “velar porque los actos de tortura sean tipificados por las
entidades federativas de acuerdo con la definición de la Convención”.
En particular, incluir el delito de tortura en el Código Penal del estado de Guerrero.
Asimismo, llamó a “garantizar que el delito de tortura no prescriba”.
En la lista de recomendaciones también se incluyen entre otras
cumplir con el protocolo de Estambul, aprobar una Ley de Justicia para
Adolescentes, mejorar las condiciones de cárceles, centros psiquiátricos
y centros para migrantes.
El CAT finalmente animó al Estado mexicano a crear “un registro centralizado de denuncias de tortura y malos tratos”.EC.