México, D.F.- Los 43 normalistas desaparecidos en Iguala no fueron incinerados en el
basurero de Cocula, concluyó el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) que investiga el caso, durante conferencia de prensa realizada hoy.
La investigación niega la versión oficial de la PGR, al concluir que es
científicamente imposible que en dicho lugar se hubiera dado una
incineración de semejantes proporciones.
“El GIEI se ha generado la convicción de que los muchachos no fueron
incinerados en basurero de Cocula”, anunció el investigador Francisco
Cox.
De acuerdo con la investigación pericial del peruano José Torero,
experto en seguridad y manejo de fuego, se requieren 700 kilos de
madera, 310 kilos de neumáticos y 12 horas para incinerar un solo
cuerpo, mientras que 43 cuerpos requieren una carga de combustible de 30
mil 100 kilogramos de madera, 13 mil kilos de neumáticos y 60 horas.
El testigo que más prolonga la incineración en su declaración es de 16
horas, aunque la evidencia científica descarta dicha declaración como
veraz. Además, las declaraciones señalan que se usaron entre 10 a 15
neumáticos, lo cual también se descarta.
Si bien no se vería de lejos, hubiera quedado expuesta una columna de
humo de 280 metros, lo cual no fue advertido por habitantes de Cocula.
Tampoco se quemó la vegetación adjunta al basurero, aunque la cantidad
de calor expedida por la pira hubiera provocado un incendio forestal en
la zona adyacente al basurero.
Asimismo, las declaraciones señalan que los presuntos responsables
bajaron a añadir combustible a la pira, lo cual es científicamente
imposible porque, dado el calor, la persona se hubiera quemado tan sólo
al acercarse.
Las declaraciones de los presuntos responsables se contradicen en la
forma de incineración, horas y modo de preparación, indicó Cox.
El GIEI también descartó la versión oficial de que los normalistas
fueron atacados porque iban a boicotear el informe del DIF estatal, ya
que llegaron a Iguala una vez que había terminado el acto de María de
los Ángeles Pineda.
El GIEI corroboró que los estudiantes se dirigieron a Iguala para tomar
autobuses con motivo de sus manifestaciones del 2 de octubre; una vez
ahí, cinco autobuses con normalistas a bordo fueron atacados a balazos
por policías municipales.
Señalaron que Policía Federal, Estatal, Ministerial y el 27 Batallón
del Ejército estaban enterados y vigilaban los movimientos y agresiones
contra los normalistas. La PF incluso participó en la detención de
algunos normalistas que no fueron desaparecidos, mientras que los
militares mintieron sobre las heridas que sufrían los estudiantes.
“El objetivo del ataque fue no dejarlos salir; detenerlos cuando ya
habían salido y, cuando parecía que ya habían salido, acabar con
cualquier posibilidad de huida”, explicó Carlos Beristain como posible
motivación del ataque.
El informe se presentó tras seis meses de trabajo, como parte de un
inédito acuerdo técnico de colaboración entre la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), los familiares de las víctimas, sus
organizaciones representantes y el Estado mexicano.Señalaron que el conflicto causó 180 víctimas directas, seis
ejecuciones, 40 heridos, 43 desaparecidos, 80 perseguidos y 700 familias
afectadas por el miedo.
Ángela Buitrago destacó que el informe está soportado en documentos
oficiales, pruebas en el expediente judicial, declaraciones y reportes
oficiales del C4, tarjetas informativas y documentos desclasificados del
Ejército, todo ello información pública y oficial.
En la presentación del informe estuvo presente gran cantidad de
representantes de organizaciones sociales, así como los padres y
compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, quienes se reservaron
sus opiniones hasta una conferencia de prensa que se llevará a cabo en
la tarde.
También estuvieron presentes Roberto Campa, subsecretario de Derechos
Humanos de Gobernación; Eber Betanzos, subprocurador de Prevención y
Derechos Humanos de la PGR; Juan Manuel Gómez, subsecretario para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y funcionarios de la Comisión
Ejecutiva de Atencion a Víctimas (CEAV), quienes, previo al informe, se
pasearon por la sala para saludar a las organizaciones sociales.SA
