México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó su absoluto desacuerdo con la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 17.09% al tomate mexicano, tras la cancelación oficial del Acuerdo de Suspensión de Tomate (TSA). La medida, que entró en vigor el lunes 14 de julio, ha encendido las alarmas en el sector agroexportador y provocó una respuesta inmediata desde Palacio Nacional.
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Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana subrayó que el tomate mexicano continuará exportándose porque “no tiene sustituto en el mercado estadounidense”, y explicó que gran parte de la presión para aplicar el gravamen proviene de productores de Florida que buscan limitar la competitividad de México.
“Ya se había retirado el acuerdo y lo volvieron a incorporar por el impacto que tiene en su economía y en sus propios consumidores”, enfatizó.
La presidenta anunció que en los próximos días se dará a conocer un paquete de acciones dentro del Plan México, destinado a proteger a los productores de tomate ante este nuevo escenario.
“Vamos a dar distintas opciones y seguiremos peleando en Estados Unidos por condiciones justas para nuestros productos”, adelantó.
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confirmó que México ya inició negociaciones con el Departamento de Comercio estadounidense para revertir el arancel. “Tendremos que batallar para que se llegue a otro acuerdo”, dijo en entrevista radiofónica, agregando que el país busca defender su industria frente a políticas que calificó como unilaterales.
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En su comunicado oficial, el Departamento de Comercio argumentó que los tomates mexicanos se han vendido en el mercado estadounidense a precios considerados injustos, afectando a los agricultores locales.
“México sigue siendo uno de nuestros mayores aliados, pero eso termina hoy”, expresó el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en referencia al fin del acuerdo de suspensión.
Cabe destacar que México es el principal exportador de tomate fresco a EE. UU., con más de 2 mil millones de dólares en ventas anuales. La imposición del arancel podría afectar a productores de Sinaloa, Baja California, Zacatecas y San Luis Potosí, y encarecer el precio al consumidor en el mercado estadounidense.
