México.- Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México, hizo un llamado respetuoso al Congreso para modificar el artículo propuesto en la reforma a la Ley de Amparo, con el fin de evitar interpretaciones erróneas y garantizar que no se vulneren derechos adquiridos.
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Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, Zaldívar reiteró que el Gobierno de México no respalda ningún tipo de retroactividad en la aplicación de leyes, y propuso tres ajustes puntuales al texto de la reforma, sin alterar su sentido original:
Propuestas de modificación
- Reconocer la naturaleza procesal de la Ley de Amparo. Aunque no es una práctica ortodoxa, Zaldívar sugirió que se establezca explícitamente este carácter para facilitar la comprensión ciudadana y reforzar el efecto pedagógico de la norma.
- Asegurar que las etapas procesales concluidas se rijan por la ley vigente en su momento. Esto implica que las pensiones, resoluciones y actos ya firmes no serán revocados ni modificados por la nueva legislación.
- Precisar que las actuaciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas disposiciones. De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte, esto no representa retroactividad ni afecta derechos adquiridos, ya que se trata de actos futuros.
“No estamos de acuerdo con ninguna violación a la Constitución ni con ninguna aplicación retroactiva. Si este precepto no es suficientemente claro, exhortamos respetuosamente a que se aclare para que las dudas se disipen”, expresó Zaldívar.
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El funcionario subrayó que la presidenta de México ha sido clara en su postura: las reformas deben respetar el marco constitucional y no generar incertidumbre jurídica. Por ello, insistió en que los ajustes propuestos buscan fortalecer la transparencia y la certeza legal en los procesos de amparo.
La reforma a la Ley de Amparo forma parte de un paquete de modificaciones impulsadas por el Ejecutivo para agilizar procedimientos judiciales. Sin embargo, diversos sectores han manifestado preocupación por posibles efectos retroactivos, lo que motivó este llamado institucional a clarificar el alcance de la norma.
