Ciudad de México. – El Gobierno de México anunció una serie de medidas jurídicas y diplomáticas tras el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos. El caso más reciente corresponde a Lorenzo Salgado Araujo, cuya muerte motivó la escalada de acciones oficiales.
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Denuncias y medidas legales contra autoridades de Estados Unidos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la defensa de los mexicanos en el exterior debe asumirse como una causa nacional, por lo que su gobierno presentó denuncias formales en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Entre las acciones destacan:
- Presentación de denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, notificadas a través de la Embajada de México.
- Interposición de denuncias en fiscalías estatales de Estados Unidos mediante la red consular.
- Envío de escritos de cese y desistimiento a centros de detención donde ocurrieron las muertes, exigiendo detener prácticas que impiden atención médica o aplican políticas contrarias a estándares internacionales.
- La SRE puntualizó que estas medidas forman parte de una etapa de investigación, previa a la presentación de acciones civiles y judiciales.
México recurre a instancias internacionales de derechos humanos
El gobierno mexicano también dirigió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solicitando que su oficina recabe información de las autoridades estadounidenses y evalúe la compatibilidad de los hechos con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Se pidió además que el caso sea transmitido a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, con el fin de que se emitan recomendaciones y se dé seguimiento internacional a las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia de ICE.
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México endurece su postura frente a las muertes de connacionales en Estados Unidos, con denuncias formales, medidas de presión en centros de detención y la intervención de organismos internacionales. El gobierno federal insiste en que la protección de los migrantes es un compromiso nacional y que no habrá tolerancia ante violaciones a sus derechos humanos.
