México.- El Gobierno de México presentó este jueves 11 de abril una demanda contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, misma que ha tenido como fundamento la irrupción policial registrada el pasado viernes en la embajada mexicana en Quito y que terminó con la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.
Como parte de esta denuncia, México acusó a Ecuador de intervenir las comunicaciones en la sede diplomática, pues de acuerdo con lo detallado en el texto, un día antes, el 4 de abril, se reportó la presencia de un vehículo sospechoso frente a la Embajada de México en Ecuador. Además, se experimentaron fallas en algunas líneas telefónicas.
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La denuncia precisa:
(…) el Jefe de Misión Adjunto salió de la sede diplomática en su vehículo y observó que un vehículo sospechoso lo seguía. Para eludirlo, realizó varias maniobras estratégicas; sin embargo, el vehículo sospechoso reflejaba cada giro. Finalmente, el Jefe de Misión Adjunto salió de su vehículo para enfrentarse a los seguidores, lo que provocó que el vehículo sospechoso se alejara precipitadamente.
Ese mismo día, el Sr. Canseco se percató de que un vehículo militar táctico estaba aparcado frente a la embajada mexicana. Cuando comunicó su preocupación y enseño una fotografía del vehículo, los miembros de la Embajada mencionaron que se trataba de un vehículo militar utilizado para intervenir las comunicaciones por teléfono móvil
También se reveló que durante la operación la señal en los teléfonos móviles de algunos de los funcionarios no funcionaba, probablemente debido a la interferencia del vehículo militar táctico. Además, el teléfono fijo del guardia de seguridad de la Embajada no funcionaba, aparentemente porque los agentes ecuatorianos arrancaron los cables telefónicos.
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En este sentido, Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que Ecuador violó la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas al violar la inmunidad de la embajada, irrumpiendo sin autorización y sin ningún derecho a la sede ubicada en Quito.
