México, D.F.-?
La Secretaría de la Función Pública (SFP) denunció penalmente ante la
Procuraduría General de la República (PGR) a cinco ex servidores
públicos de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) por un daño
patrimonial que suma más de mil 800 millones de pesos, ilícito por el
que podrían alcanzar hasta siete años de prisión.
?La secretaría sancionó a estos ex servidores públicos con la
inhabilitación de 11 hasta 15 años para trabajar en el servicio público,
pero mantiene abiertos expedientes de responsabilidades administrativas
adicionales que probablemente deriven en sanciones económicas y que
pueden ser de hasta tres veces el monto del daño ocasionado.
?El material vendido de manera ilegal es equivalente a tres veces la red
del Metro de la ciudad de México o siete veces el acero de la Torre
Eiffel?, subrayó el secretario de la Función Pública, Salvador Vega
Casillas.
En conferencia de prensa, el funcionario informó que en la denuncia
penal están involucradas presuntamente cuatro empresas por actos
ilícitos realizados a partir de 2003 y hasta 2008, cuando los ex
servidores públicos entregaron a dichas empresas vías férreas y
accesorios.
?Los involucrados carecían de facultades legales, además de que no
dieron aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ni
solicitaron autorización a la Función Pública?, explicó Vega Casillas.
Comentó que hasta el momento no están relacionados representantes del
Sindicato Ferrocarrilero, pero, ?quiero insistir que tenemos todavía
algunos procesos adicionales de responsabilidades en investigación?.
Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), organismo en liquidación,
realizó cuatro licitaciones entre 2003 y 2005 para vender chatarra
mediante subasta pública, pero no entregó todos los bienes licitados,
considerados chatarra, a cuatro empresas adjudicadas, lo que generó un
adeudo de 10 millones de pesos de aquel tiempo.
Los involucrados
Los funcionarios involucrados son el delegado fiduciario especial de
Banobras y encargado de la liquidación, Enrique Alejandro Rivas; el
subdirector general Jurídico, Efrén Alejandro del Pozo; el subgerente de
Servicios Especiales, Antonio Paredes; el jefe de área de la
Subdirección General Jurídica, Saúl Román Tiburcio y el jefe de área ?C?
de la Subgerencia de Servicios Especiales, Pedro Rodolfo Muriel.
Estos ex funcionarios recibieron inhabilitaciones para trabajar en el
servicio público que van de 11 a 15 años, además de la responsabilidad
para la reparación del daño económico por haber incumplido con la
entrega de chatarra que generó un adeudo de 10.3 millones de pesos con
las empresas adjudicadas.
?Estamos con otro proceso de responsabilidades en donde estamos
determinando la parte de las sanciones económicas en estos casos.
También tenemos en proceso todo lo que son las investigaciones
patrimoniales de los ex funcionarios públicos que han sido mencionados?,
detalló el secretario Vega Casillas.
Todos ellos habían sido sancionados con anterioridad, como Paredes,
quien fue destituido e inhabilitado por seis meses en marzo de 2009 por
violaciones en el proceso de contratación, o Muriel, quien había sido
sancionado en noviembre de 2009 con la destitución e inhabilitación por
seis meses por no cumplir con la normatividad en los procedimientos de
contratación.
52 mil toneladas de vías
Vega Casillas explicó que mediante auditorías a Ferrocarriles Nacionales
de México se detectaron las irregularidades, ?al disponer de bienes
sujetos al régimen de dominio público que son propiedad de la
Federación, como son las vías férreas?.
?Es decir, que dispusieron de bienes que no son sujetos de comercio,
además, no cumplieron con los requisitos legales para desincorporar
dichos activos, como lo establece la Ley General de Bienes Nacionales?,
indicó.
Explicó que dichas vías férreas tenían una extensión de más de 590
kilómetros, con un peso aproximado de 52 mil toneladas de acero de la
más alta calidad, instaladas en cinco entidades: Chihuahua, Michoacán,
Durango, Jalisco y Puebla.
