Manifiestan ONG’s preocupación por aumento de desapariciones

Ciudad de México.- En informe “alterno” al presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) y la propia respuesta del Estado mexicano, organizaciones de la sociedad civil manifiestan su preocupación porque las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad. Sobre la búsqueda inmediata de personas desaparecidas e identificación forense las agrupaciones consideran que los resultados en materia de búsqueda presentados por el Estado mexicano “son cambios cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación”.  A pesar del cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, “esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado”.  En el caso del Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente.  Además, alertan, “persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda”. Por otra parte, la dilación en la implementación de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas han obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios medios en al menos siete estados a pesar de los riesgos.  Una muestra es el reciente asesinato del señor José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, asesinado en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue gravemente herida, por lo que subrayaron la falta de implementación de medidas cautelares. El actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) omite información fundamental, como el número de personas encontradas con vida y sin vida. Tampoco arroja información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada. En lugar de establecer un solo registro como recomienda el CED, el Estado elabora nuevos registros para paliar las deficiencias del RNPED, lo cual abona a la confusión. Además, el RNDEP invisibiliza a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes. Sobre el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y la Comisión Forense, las organizaciones resaltan la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, pero alertan sobre la falta de recursos  y personal y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).  Por otra parte, no se puede afirmar que exista una efectiva ejecución del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación debido a la falta de reglas operativas y de personal y la ausencia de colaboración eficaz por parte de áreas claves de la PGR.  El informe de la sociedad civil es presentado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña ?Tlachinollan?, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).ARG