Mancera lleva a la Corte caso de Línea 12

México, D.F.- El primer litigio relacionado con las fallas de la Línea 12 del Metro
llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el
Gobierno del Distrito Federal (GDF) solicitó a la Primera Sala del
máximo tribunal definir si los jueces federales o locales serán los
responsables de resolver las demandas relacionadas con la obra.
A través de la Consejería Jurídica, el gobierno de Miguel Ángel
Mancera pidió al presidente de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, que ejerza su facultad de atracción para revisar la sentencia de
un Juzgado de Distrito que reconoce la competencia de los jueces
federales para resolver cualquier litigio relacionado con un
procedimiento de responsabilidad o sanción iniciado con motivo de las
fallas registradas en la operación y construcción de la Línea 12 del
Metro.
A pesar de que el gobierno de Mancera reconoce que no tiene
facultades constitucionales para atraer el caso, en el escrito entregado
por el GDF el pasado 20 de julio se argumenta que el expediente de la
Línea Dorada del Metro es de interés y trascendencia jurídica, ya que no
hay criterios sobre la competencia de jueces en litigios vinculados con
obras cofinanciadas por la Federación y un gobierno local.
Además, el propio GDF admite que este primer litigio es sólo uno de
los muchos que se avecinan vinculados con el deslinde de
responsabilidades por las fallas registradas en la Línea 12 del Metro,
por lo que se quiere evitar que en cada juicio civil, amparo o apelación
que se presente por esta causa, se vuelva a presentar un litigio
adicional para definir la competencia del fuero federal o local,
retrasando la resolución de fondo.
La petición para que la Primera Sala ejerza su facultad de atracción
fue formulada por el Consejero Jurídico del GDF, Jesús Rodríguez Núñez, y
los representantes legales del Proyecto Metro, debido a que ambas
partes iniciaron un juicio ordinario civil en contra del consorcio que
construyó la Línea Dorada, que va de Tláhuac a Mixcoac, la cual tuvo que
suspender su operación debido a los vicios de origen detectados en la
operación y funcionamiento de la obra.
La demanda presentada por el gobierno de Mancera ante el Juzgado 61
de lo Civil del Distrito Federal incluye a las empresas constructoras
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom Mexicana y Carso
Infraestructura, contra las cuales se ejerció la acción declarativa
prevista en el Contrato de Obra Pública, para deslindar
responsabilidades y hacer válida la garantía por las fallas y vicios que
ha presentado la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
(STC).
Sin embargo, el consorcio europeo, ICA y la constructora de Carlos
Slim presentaron ante la Décima Sala en Materia Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) una declaratoria de
incompetencia en contra del Juzgado 61 de lo Civil, argumentando que los
jueces del fuero local no estaban facultados para resolver dicha
controversia.
El argumento esgrimido por separado por Alstom, ICA y Grupo Carso es
que se utilizaron recursos federales, provenientes de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT), en la construcción de la Línea 12,
por lo que el caso debería ser revisado por un juez federal en materia
civil o administrativa, consideración validada por dos instancias
judiciales.
Por su parte, el gobierno de la ciudad argumenta que en el Contrato
de Obra Pública firmado el 17 de junio de 2008 estipula en su cláusula
25 que los jueces civiles del DF son los únicos facultados para resolver
cualquier controversia entre las partes, independientemente de
cualquier causa no prevista en dicho contrato, incluyendo un cambio de
domicilio legal de las propias empresas.
El GDF explica que la aplicación de recursos federales se dio después
de iniciada la misma en virtud de un acuerdo de colaboración firmado el
23 de julio de 2009, por lo que la cláusula citada es aplicable para
toda la vigencia del contrato.
Estos argumentos fueron desestimados primero por la Décima Sala Civil
del Tribunal del Distrito Federal y después por el Juzgado Décimo
Cuarto de Distrito en Materia Civil, instancias que dieron la razón a
ICA, Alstom y Carso Infraestructura, confirmando la incompetencia del
juez local.
El GDF interpuso el recurso de revisión en el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Distrito Federal, pero como es necesaria
una interpretación constitucional novedosa para dictar el fallo
definitivo, solicitó la atracción por parte de la SCJN.
?Dada la importancia del asunto y de los procedimientos que sin lugar
a dudas se promoverán en el futuro con motivo de la fallida Línea 12
del Metro, la determinación de qué fuero es el competente para conocer
de todos estos procedimientos derivados del Contrato de Obra, es un
asunto que amerita que sea este H. Máximo Tribunal quien resuelva dicha
cuestión competencial?, explica la petición.SA