México.- Mientras decenas de trabajadores se manifiestan para exigir la reapertura de “La Polar” en la alcaldía Cuauhtémoc, el abogado del comensal asesinado al interior del restaurante ha presentado una solicitud formal para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, exigiendo justicia por el homicidio del señor Antonio Monroy.
Este martes 4 de abril, a las afueras de la institución federal, el abogado David Arellano aludió a solicitud presentada a la FGR, la cual se relaciona con la muerte del señor Antonio Monroy, quien fue brutalmente golpeado por los trabajadores de La Polar el pasado 8 de enero. En esta oportunidad el legalista señaló:
Se presentó hoy una solicitud al fiscal general de la república para que se ejerza la facultad de atracción en el asunto conocido como La Polar, donde perdiere la vida Antonio Monroy.
Te puede interesar: La Polar: Trabajadores exigen reapertura del establecimiento pese al asesinato de un cliente
El anuncio se da a una semana de que familiares y amigos del ahora occiso manifestaran a las afueras de la sede de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exigiendo respuestas por el comentado caso que logró conmocionar a todo el país.
De este modo, el licenciado en Derecho argumentó que su solicitud es por las irregularidades que han detectado en la investigación que hasta ahora ha realizado la institución local en torno al caso, como el levantamiento del aseguramiento del negocio, el cual sigue cerrado por una suspensión administrativa. Arellano señaló:
Tuvimos conocimiento a través de los medios de comunicación del levantamiento del aseguramiento del inmueble, así como la entrega del mismo, por lo que nos abogamos a revisar el expediente (..) percatándonos de una serie de irregularidades graves.
Sigue más noticias como esta en nuestra sección México
Adicional a esto, el abogado aseguró que la apoderada legal y dueña de La Polar se presentó a acreditar la propiedad del negocio el pasado 9 de marzo, “extrañamente y sin petición alguna y de manera unilateral se emite un acuerdo ordenando el retiro de la custodia y aseguramiento del inmueble”.
En este sentido, se alega que las acciones de las autoridades capitalinas han violado los derechos de las víctimas directas e indirectas y han violado el debido proceso, por lo que parece urgente que la FGR tome en cuenta este caso.
