?Ciudad de México.- El gobierno de México expuso ante expertos de la Organización de Naciones Unidas que la escalada de violencia generada por el crimen organizado obligó a que las fuerzas armadas participaran en actividades de seguridad pública, “de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas del país”.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, en un
comunicado conjunto, informaron así sobre los temas que se trataron en
la reunión que funcionarios federales sostuvieron con el Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, cuya
visita oficial de trabajo concluyó este día.
Se informó que en el encuentro, los representantes del Poder Ejecutivo
subrayaron al Grupo “la pertinencia de establecer, con toda claridad, la
diferencia entre un extravío, secuestro, desaparición y desaparición
forzada”.
Dejaron en claro que si bien el Estado tiene la obligación de investigar
y dar con el paradero de las personas, “esto no significa que haya
intervención de uno de sus agentes en estos actos delictivos”.
También se destacó que “debido a la escalada de violencia generada por
el crimen organizado, se vio obligado a que las fuerzas armadas
participen de una manera subsidiaria, temporal y en regiones específicas
del país, en coadyuvancia a las autoridades civiles bajo petición
fundada y motivada de éstas en actividades de seguridad pública”.
Las dependencias indicaron a los tres especialistas de la ONU que el
Ejército mexicano “en su convicción por respetar y proteger los derechos
humanos de los mexicanos, ha aceptado todas las recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la presente
administración”.
Respecto a los procedimientos para prevenir la desaparición forzada, se
informó al Grupo de Trabajo sobre la puesta en marcha de un nuevo modelo
policial para modernizar y fortalecer a la policía federal, elevando
sus niveles de profesionalización y de capacitación específica en
materia de derechos humanos y en uso de la fuerza.
También se informó a los expertos que el Estado mexicano ha implementado
un registro de personas extraviadas, “que está a disposición de todas
las autoridades estatales y municipales con el fin de coadyuvar a la
localización inmediata de las personas, que se suma a otras plataformas
existentes para ese propósito”
El gobierno de México subrayó también su compromiso para avanzar en la
solución de casos de desaparición forzada ocurridos en la década de los
setentas y principios de los ochentas del siglo pasado y las medidas que
está tomando “para que esta deplorable violación de derechos humanos
sea castigada cuando tenga lugar”.
Por ello expresó su satisfacción por la visita del Grupo de Trabajo y
anunció que “examinará cuidadosamente cada una de sus recomendaciones”,
derivadas de la visita oficial que iniciaron el 18 de marzo pasado que
incluyó más de 25 reuniones con funcionarios de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial a nivel federal.
Así como visitas a las instalaciones de la PGR en los estados de
Chihuahua y Guerrero, así como a la zona militar en Coahuila, donde
también sostuvieron encuentros con organizaciones civiles y familiares
de las víctimas.
