México.- Este lunes un juez federal concedió una suspensión provisional al narcotraficante Héctor Luis “El Güero” Palma, concediéndole un plazo de 72 horas para que se resuelva su situación jurídica respecto al presunto delito de homicidio calificado que se le imputa y que lo mantiene recluido en el penal de “El Altiplano” en el Estado de México.
El juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Edomex, Enrique Vázquez Pérez, fue quien concedió la suspensión provisional al capo de 63 años y ordenó al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Hidalgo -con residencia en Iguala, Guerrero- resolver su situación jurídica en la brevedad del tiempo.
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Esto fue posible debido a que la defensa de “El Güero” Palma indicó que esta nueva acusación por homicidio calificado no les fue notificada en un plazo de 48 horas y en audiencia pública, lo que desencadenó que el cofundador del Cártel de Sinaloa permaneciera tras las rejas, aun cuando un Tribunal de Jalisco había ordenado su liberación.
Ahora, el plazo para que se resuelva la situación jurídica de Palma Salazar correrá cuando el juzgado fuero común sea notificado oficialmente de la suspensión provisional. Mientras tanto, el detenido permanecerá en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en Edomex.
El pasado 10 de mayo, elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron la orden de aprehensión al interior del penal del Altiplano después de la que la Fiscalía de Guerrero solicitara la aprehensión de Héctor Luis “El Güero” Palma por el asesinato de nueve personas en 1992.
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El crimen fue perpetrado Iguala, Guerrero, y tuvo como víctimas a Marco Antonio Solórzano, José Félix López, Ángel Gil Gamboa, Mario Domínguez, Alfredo Carrillo, Teodoro Ramírez, Alberto Félix, José Manuel León y Federico Alejandro Livas. Entre las víctimas mortales se encontraba el abogado y los amigos de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuyos cuerpos fueron localizados el 3 de septiembre de ese año.
Esta nueva acusación se dio después de que una magistrada ordenara la liberación del ex líder del Cártel de Sinaloa al determinar “infundados, inoperantes, inatendibles y uno de ellos fundado pero insuficiente” los agravios planteados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada.
