Redacción.- Aunque a partir del próximo 21 de agosto el aparato de justicia estatal del país comenzará a investigar y sancionar el narcomenudeo,
para acatar las reformas legales publicadas hace tres años, al menos
ocho entidades no efectuaron cambios en legislaciones locales y en
algunos casos a pesar de contar con las modificaciones a la
normatividad, carecen de infraestructura para cumplir con el combate a
este flagelo.
Guerrero, Aguascalientes, Sonora, Baja California Sur, Oaxaca, Tlaxcala,
Nuevo León y Morelos son algunas de las entidades que no modificaron
sus legislaciones para la Ley para el Combate al Narcomenudeo aprobada
en abril de 2009 y que se publicó el 21 de agosto en el Diario Oficial
de la Federación.
Las reformas establecen las obligaciones de los gobiernos federal,
estatal y municipal en la prevención de la posesión, comercio y
suministro de narcóticos, así como las dosis máximas de consumo de
estupefacientes permitidas.
En el artículo 474 se estableció que las autoridades de
seguridad pública, procuración de justicia, así como de ejecución de
sanciones de las entidades, conocerán y resolverán de delitos o
ejecutarán sanciones cuando la cantidad de que se trate sea inferior a
los montos previstos en una tabla de dosis y no haya elementos para
presumir delincuencia organizada.
Después de su publicación, los estados y el Distrito Federal tuvieron un
año para ajustar sus leyes penales y procesales a estas reformas y tres
años para complementar los cambios operacionales y estructurales
necesarios para aplicarlas.
Las modificaciones despenalizan la posesión de drogas en los
farmacodependientes y da prioridad al tratamiento de las adicciones
mediante el establecimiento de un programa nacional para combatirlas.
Sin embargo, no todas las entidades cumplieron las disposiciones.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre,
admitió que el estado todavía no cuenta con una ley que a nivel local
se especifique en el tema, pero dijo que se han hecho modificaciones al
código penal local que aborda con endurecer las penas en contra del
narcotraficante de manera particular.
?Hay adecuaciones al código penal y entre ellos hay cambios y
reformas que está pidiendo la reforma constitucional y que no podemos
ser omisos en el tratamiento de lo que es la delincuencia organizada,
que sería un delito federal pero también se tipifica en el código penal
local? existe un marco jurídico adecuado a la reforma constitucional del
18 constitucional y va envuelto en una serie de reformas entre las que
están endurecer las penas en contra del narcotraficante de manera
particular?.
Pero el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guerrero A.C, Victoriano Sánchez Carbajal,
señaló que al no estar la entidad preparada con leyes adecuadas en este
marco jurídico se han presentado conflictos de competencia.
Refirió que el año pasado se remitieron ante jueces de distrito siete
asuntos de narcomenudeo a primera instancia del ramo penal del distrito
judicial de Tabares, con sede en Acapulco, pero debido a que no hay una
adecuación de la ley para abatir este delito, fue ahí donde se desató un
conflicto de competencia.
Otro ejemplo es Oaxaca, que aún no ha definido su estrategia para hacer
valer las reformas propuestas hace tres años. Poco o nada se ha hecho
para adecuar las leyes locales, no sólo para abatir los efectos del
crimen organizado sino sus consecuencias, reconocieron diputados de
diversas fracciones parlamentarias.
Con un presupuesto de poco más de mil 219 millones de pesos, de los
cales las propias autoridades desconocen qué porcentaje se destina para
abatir el narcomenudeo, en Oaxaca no hay infraestructura para hacer
frente y combatir a las bandas criminales que han iniciado sus
operaciones en las regiones de Valles Centrales, La Cuenca del
Papaloapam, la Costa y el Istmo de Tehuantepec.
?No tenemos idea de lo que pase, no hay Leyes o iniciativas que
puedan apoyar a este tipo de reformas que se realizaron hace tres años?, reconoció el diputado del Partido del Trabajo (PT), Flavio Sosa Villavicencio.
Cumplen con la norma
En contraste, las autoridades de Quintana Roo afirman estar preparadas
para a atender asuntos relacionados con el narcomenudeo a partir del 21
de agosto, como parte de la reforma de los códigos Penal Federal,
Federal de Procedimientos Penales y la Ley General de Salud que
transfirió en 2009 esta responsabilidad al fuero común.
Pero también están conscientes de que será ?un gran reto?, sobre todo porque este delito es recurrente, en especial, en los destinos turísticos del norte del estado.
Quintana Roo se negó a atender inmediatamente el tema del narcomenudeo y
provocó que la PGR promoviera ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación la acción de inconstitucionalidad 21/2010, en contra de los tres
poderes del Estado, pero la Corte le dio la razón a la entidad y
determinó que fuera a partir del 21 de agosto de 2012 cuando empezará a
conocer de estos asuntos.
Armando García Torres, procurador general de Justicia
en el estado, dijo que empezarán atender el narcomenudeo con dos
fiscalías, una en Chetumal y otra en Cancún, las cuales estarán ubicadas
fuera de las oficinas centrales de la procuraduría para evitar posibles
?filtraciones? de otras áreas y para garantizar una mayor seguridad a los detenidos.
Cada fiscalía contará con un promedio de 18 personas laborando, entre
ellos, 10 elementos de la comandancia de policía judicial, tres
Ministerios Públicos, 3 oficiales secretarios y 2 peritos en química y
criminalística, explicó.
En global, la Procuraduría de Justicia ha invertido unos 3.5 millones de
pesos en la contratación de personal, infraestructura y capacitación y
están en vías de acceder a recursos para equipamiento.
En Yucatán se han realizado reformas al código penal para darle mayores
atribuciones a la Fiscalía General del estado en el combate al
narcomenudeo, además de que el Congreso local aprobó leyes que protegen a
los ciudadanos al momento de dar testimonios que permitan la detención
de delincuentes que se dediquen a la venta de estupefacientes.
Una de las acciones a destacar, fue la transformación de la Procuraduría
estatal a la Fiscalía General, el cual concede mayores atribuciones a
este instituto para iniciar investigación de delitos que pertenecen al
orden federal, como es el caso del narcomenudeo.
Aguascalientes ya cumplió con la adecuación del Código Penal y de la Ley
Estatal de Salud, para que el estado se haga cargo del combate al
narcomenudeo. Desde noviembre de 2011, el Poder Ejecutivo envió las
iniciativas de reforma, las cuales fueron prácticamente aprobadas sin
cambios por el Congreso local.
En tales reformas, se adecuaron tipos penales, se dio facultad a las
policías, a los ministerios públicos y a los jueces, para tratar el
asunto.
Pese a que se ha cumplido con lo establecido por la Federación, hay
reticencia para hacer frente al narcomenudeo, no sólo por la falta de
recursos, sino también porque, aseguran las autoridades, se contaminará
todo el sistema.
El gobernador Carlos Lozano de la Torre recriminó que
ante la falta de capacidad del gobierno federal para hacer frente al
tema, se quiera involucrar a los estados, siendo el principal
inconveniente, el hecho de que sólo se les deja el problema, pero no se
le envían los recursos.
El diputado secretario de la Comisión de Justicia, Gregorio Zamarripa Delgado, fue más allá, al señalar que no sólo se trata de dinero, sino de problemas sociales y la contaminación que va a generar.
?Es una problemática que va mas allá de los recursos, es una
problemática social, se van a generar minicárteles, se va a contaminar a
las policías, a los ministerios públicos y hasta los jueces, eso es lo
que hace el narco, contamina todo. Les das facultades a las policías de
investigar, de catear, de arrestar y esto va a ser un verdadero
problema?.
En Hidalgo, durante la legislatura pasada, fueron modificados el Código
de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica para establecer la
competencia de los estados, en el delito de narcomenudeo, por medio de
los Ministerios Públicos locales, del Tribunal Superior de Justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Manuel Camacho Bertran,
afirmó que el estado cuenta con profesionistas adecuados para conocer
de este delito. Sin embargo, la perredista Hemeregilda Estrada Díaz,
secretaria de la misma comisión, consideró que los estados no están
preparados para atender el tema. ?El narcomenudeo debería seguir siendo facultad de la federación?, aseveró.
Las autoridades de Tabasco afirman estar preparadas para trabajar en el
combate al narcomenudeo, aunque con la misma infraestructura y personal.
Incluso la Procuraduría General de Justicia aún se encuentra sin
definir el espacio físico donde estará la Unidad de atención de ese
delito contra la salud.
El procurador General de Justicia de Tabasco, Gregorio Romero Tequextle admitió que ?estamos trabajando, todavía, en una semana más estaremos organizados? para esa nueva tarea.
