Ciudad de México.- El diputado federal Raymundo García Gutiérrez acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de traicionar sus compromisos, la ley y a los ciudadanos, al realizar su gobierno compras y contrataciones con total arbitrariedad y sospechas de corrupción.
El legislador perredista exigió al titular del Ejecutivo federal apegarse a la legalidad, cumplir su palabra y combatir efectivamente los delitos desde el servicio público, pues al actuar discrecionalmente, sin transparencia ni escrutinio público abre las puertas a la inmoralidad y violación de la legalidad.
Le demandó llamar a cuentas a quienes incumplan la ley, incluso si son sus compadres, amigos y funcionarios, como parece ser el caso de Pablo Careaga Córdoba, “coordinador” del proyecto Tren Maya en Quintana Roo.
De acuerdo con versiones periodísticas –a falta de información del propio gobierno-, una de las empresas ligadas a la familia de Careaga Córdoba, denominada “Escudo del Caribe”, habría “ganado” el contrato por mil millones de pesos para combatir la invasión del sargazo en playas de esa entidad.
Para García Gutiérrez, el procedimiento para esta adjudicación está lleno de opacidad y claramente es ilegal al existir conflicto de intereses, por lo que demandó al gobierno federal transparentar todo el procedimiento a fin de verificar apego irrestricto a la ley, que la empresa ganadora cumplió todos los requisitos y que cuenta con capacidad, experiencia y los medios para cumplir.
Resaltó que dicha empresa, la cual se denomina igual que la estrategia oficial del Gobierno para combatir el sargazo, se constituyó apenas hace seis meses con capital de 10 mil pesos, que carece de infraestructura para asumir un contrato millonario y que el barco que dijo ser suyo no lo es.
El integrante de las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados recordó que medios de comunicación ventilaron un caso similar con Miguel Rincón Arredondo, compadre y asesor del Presidente López Obrador, quien debió renunciar al contrato multimillonario que había ganado para suministro de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
Enlistó otros casos en los cuales el Presidente también actuó con discrecionalidad, entre ellos la adjudicación directa de tres contratos por 90 millones 870 mil pesos para estudios de costo-beneficio, asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro del Tren Maya, y la compra de más de 600 pipas por 80 millones de dólares para enfrentar la crisis de desabasto de combustible.
Mencionó también la asignación directa del contrato para distribución de las Tarjetas del Bienestar a Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, empresario televisivo y ahora aliado y consejero de Presidente, y el incierto proyecto de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que ante el escándalo por haber invitado a cuatro firmas acusadas de corruptas para competir entre sí a fin de construirla, ahora se dice que la hará el propio gobierno.
“El principal compromiso de campaña y gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue el combate a la corrupción y el impulso a la transparencia. Sin embargo, a seis meses de su gobierno, hay un enorme retroceso en materia de transparencia y legalidad en compras y licitaciones públicas”, denunció.
Precisó que este gobierno ya asignó directamente y sin justificación alguna casi 74% de compras, cuando la Constitución y Ley de Adquisiciones establecen que este tipo de adjudicación o la invitación restringida deben ser excepcionales y que la regla debe ser la licitación pública.
Refirió que, de acuerdo con la experiencia internacional, una forma de prevenir la corrupción son los concursos transparentes y abiertos al escrutinio público, tanto en proyectos de infraestructura como en compras gubernamentales.
También recordó que el titular del Ejecutivo Federal asumió 100 compromisos el primero de diciembre de 2018 en el marco de su toma de protesta. El 51 y 52 señalan que las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU.
Esto mismo se reafirma para los contratos de obra, pero en ninguno de los casos se cumplió.
