Ciudad de México.- La Procuraduría General de la República (PGR) impugnará la resolución
del juez de Distrito que amparó a la exlideresa del SNTE, Elba Esther
Gordillo.
La PGR cuestionó la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), por dar a conocer la resolución del juez de Distrito que le otorgó el amparo.
Asimismo, calificó de endebles y sin consistencia jurídica los motivos del juzgador que amparó a la exlideresa del SNTE.
A través de un comunicado, la PGR repitió la formula que aplicó dicha dependencia durante la pasada administración
cuando los fallos no le eran favorables y que eran dados a conocer de
manera pública por el CJF, situación que provocó un conflicto con el
Poder Judicial de la Federación (PJF).
En el comunicado, la PGR indicó:
“Por segunda ocasión, la PGR advierte con preocupación el criterio sostenido en este caso
por el juez de amparo, que utilizando argumentos endebles y sin
consistencia jurídica, ponderó equivocadamente irrelevancias formales
por encima de las pruebas y hechos acreditados en el ejercicio de la
acción penal, en perjuicio del interés social que representa esta
institución.
“En relación con la nota informativa emitida por el Consejo de la
Judicatura Federal, la Procuraduría General de la República considera
que la razón de existir de dicho Consejo es, entre otras cosas, la de
revisar la debida actuación de los jueces federales y no pretender
justificarla, porque al justificar a un juez desacredita a otro, quien
habiendo analizado a fondo las constancias del juicio emitió una
resolución en sentido contrario a la que el Consejo sí publicita. El
boletín emitido por dicha autoridad afecta la imparcialidad a la que
está obligado este órgano y califica la actuación de un órgano judicial
cuya resolución admite recurso y en consecuencia no es definitiva,
influyendo por ello en el criterio de la autoridad judicial que tendrá
que revisar el medio de impugnación que se interponga”.
Hoy el juez Cuarto de Distrito de Amparo, Francisco Javier Sarabia
Ascencio, otorgó un amparo para efectos no sólo a Elba Esther, sino
también a los coacusados José Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo
Chávez.
El fallo se fundó porque la PGR no sustentó ni motivó su acusación debidamente, además de que violó el debido proceso.
“En efecto, el juez de amparo le da validez a la constancia fechada
el día 14 de febrero de 2013, (un día después de presentada la
denuncia), y determina que quien presentó la denuncia tenía facultad
para hacerlo a partir del día 14 de febrero del presente año. De la
lectura de la constancia que se anexa, queda claro que el objeto de la
constancia es determinar la fecha de inicio de la facultad del
funcionario a partir del 1 de febrero de 2013 con absoluta contundencia.
“Utilizar este argumento del juez sería tanto como decir que una
certificación de nacimiento implicaría que el nacimiento de una persona
se dio a partir de la fecha de la expedición de la certificación y no a
partir de la fecha de nacimiento.
“Bajo el análisis de dicha circunstancia es que el juez de amparo
considera que existió una deficiencia técnica en la integración de la
averiguación previa atribuible a la PGR. Contrario a lo erróneamente
señalado por el juez, la PGR demuestra fehacientemente que sí se cumplió
con el requisito de procedibilidad señalado por la ley, de lo que
existen ésta y otras pruebas claras, suficientes y contundentes en el
expediente de la causa, lo que se demostrará plenamente ante el Tribunal
que revise la deficiente sentencia judicial referida”, señaló la PGR.
