Oaxaca. Dos trabajadores del Tren Interoceánico fueron vinculados a proceso penal por su presunta participación en el descarrilamiento ocurrido en Oaxaca, un hecho que dejó personas fallecidas y varios lesionados. Los imputados son Felipe de Jesús Díaz Gómez, quien se desempeñaba como conductor del convoy, y Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores, señalados por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
La determinación fue dictada por la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Cintalapa, Chiapas, durante la audiencia inicial. Como parte de las medidas cautelares, la autoridad judicial ordenó prisión preventiva para ambos trabajadores, quienes fueron trasladados al penal estatal “El Amate”, donde permanecerán mientras se desarrolla la investigación complementaria.
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Durante la exposición del caso, la Fiscalía General de la República presentó diversos indicios que apuntan a fallas en los protocolos de operación previos al siniestro. Entre los principales señalamientos destaca que no se habría activado el sistema de freno de emergencia, a pesar de que el tren circulaba a una velocidad mayor a la permitida, lo que habría influido directamente en el descarrilamiento.
En el expediente también se menciona a un tercer posible responsable: el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, quien presuntamente operó la unidad por encima de los límites establecidos. Las autoridades federales mantienen abierta la investigación para determinar si su actuación también derivará en un proceso penal formal.
¿Qué consecuencias legales podrían enfrentar los implicados?
La vinculación a proceso implica no solo la continuidad del juicio penal, sino la posibilidad de sanciones que podrían afectar de manera definitiva su situación jurídica y laboral.
Alcance de las sanciones y seguimiento del caso
De acreditarse su responsabilidad, los imputados podrían enfrentar penas de entre cinco y 20 años de prisión por homicidio culposo, además de tres a seis años adicionales por lesiones culposas, así como la destitución de sus cargos, la inhabilitación para ejercer funciones similares y otras medidas previstas en la ley, mientras las autoridades continúan analizando si existen más personas involucradas en el accidente.
