Ciudad de México.- La tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025, la cancillería de Guatemala informó el retiro del cargo de cónsul honorario en Toluca de Lerdo al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, tras ser investigado por presunto tráfico de armas, drogas y robo de combustible.
De acuerdo con un comunicado de prensa por el El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), señaló que desde octubre se evaluaba revocar la designación de Rocha debido a que la dirección del consulado honorario habría sido modificada “sin notificación ni autorización previa”.
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“Los cónsules honorarios no son diplomáticos, por lo que no cuentan con inmunidad diplomática. En el caso de Guatemala, son personas de distintos ámbitos profesionales que asisten con trámites básicos de atención a connacionales y actividades de promoción comercial y cultural”, explicó la cancillería. El cargo de Rocha era voluntario y sin pago.
Cabe destacar que, Raúl Rocha fue nombrado cónsul honorario en 2021 durante el mandato del expresidente Alejandro Giammattei. La investigación en México, iniciada en noviembre de 2024 por la Fiscalía General de la República (FGR), lo vincula con un grupo de delincuencia organizada y ha recabado datos importantes para profundizar en el caso.
La investigación se conoció en medio de la controversia que se produjo en la última edición del certamen Miss Universo y la orden de arresto que emitió la víspera un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de esa organización en relación con un caso de fraude.
¿De qué acusan a Rocha Cantú, dueño de Miss Universo?
De acuerdo con un reportaje publicado por Latinus, Rocha Cantú habría evadido una orden de aprehensión en su contra tras acogerse al programa de testigos protegidos de la FGR. La orden se emitió el 15 de noviembre dentro de la causa penal 495/2025, por delincuencia organizada con fines de tráfico de armas para el Cártel del Golfo y el grupo Sombra de Veracruz, además de operaciones de contrabando de combustible desde Guatemala.
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La organización adquiría combustible robado proveniente de Guatemala, sin cubrir la fracción arancelaria, y lo introducía al mercado formal mediante empresas de papel instaladas en Querétaro, donde se realizaba la facturación.
