México.- La Consejería Jurídica de la presidencia de la República pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolver la controversia legal interpuesta por el estado de Chihuahua para no distribuir los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En un comunicado divulgado la noche del miércoles, la Consejería pidió resolver a la brevedad la controversia para que la SEP pueda repartir los libros.
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“Si se resuelve conforme a derecho, debe desecharse de plano dicha controversia, ya que se demuestra que la Consejería Jurídica del estado de Chihuahua ha mentido. Afirma que, por primera vez, recibió para su distribución los libros de texto gratuitos el 20 de julio de 2023. Lo cierto es que la primera entrega se le hizo el 21 de mayo de 2023. Eso hace extemporánea su demanda”, reclamó el organismo.
La Consejería aseguró que “el gobierno de Chihuahua engaña a la SCJN” la referir lineamientos para selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos, como si éstos se refirieran a todos los libros de texto, cuando sólo se refieren a los de nivel secundaria, situación que oculta para hacer caer en el error a los juzgadores.
En el comunicado se detalló que el Ejecutivo federal, por conducto de la SEP, dio cabal cumplimiento a la ley, ya que celebró asambleas, foros y reuniones con todas las entidades federativas y otros actores sociales involucrados con la educación para que expresaran su opinión. También en esto miente el gobierno de Chihuahua. Hay pruebas irrefutables de su participación en la asamblea convocada por la SEP, en Ciudad Juárez, Chihuahua, los días 24 y 25 de marzo de 2022.
“La SCJN también debe ponderar que el interés superior de la niñez y el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes del estado de Chihuahua están por encima de otros intereses. La supuesta defensa que hace el gobierno de Chihuahua genera grave discriminación en contra de ellos, al privarles de los libros de texto gratuitos elaborados por la SEP y del derecho a la educación que el Estado mexicano debe garantizar en todas las entidades federativas”, dice el documento.
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El Ejecutivo federal ha solicitado la atención prioritaria de este juicio para garantizar el pronto y eficaz cumplimiento del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del estado de Chihuahua.