México. – Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que la aprobación del nuevo Paquete Arancelario tiene como propósito principal resguardar alrededor de 350 mil empleos en el país.
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El funcionario señaló que la medida se concentra en cuatro sectores estratégicos que han resentido un incremento considerable en las importaciones entre 2022 y 2025:
- Textil y vestido: 20.8%
- Calzado: 22.3%
- Acero: 12.4%
- Automotriz: 34.5%
Ebrard aclaró que estas industrias no enfrentan problemas de competitividad, sino que se ven afectadas por la entrada de productos con precios por debajo de los valores de referencia internacional.
“No es porque no puedan competir, sino porque están recibiendo mercancías con precios artificialmente bajos”, puntualizó.
¿Por qué aplicar aranceles?
El secretario sostuvo que la decisión responde a la necesidad de equilibrar las condiciones del mercado. “Cuando existe un piso parejo no hay justificación para imponer aranceles, pero si el terreno está disparejo, es necesario corregir esa desventaja”, afirmó.
La medida busca evitar que prácticas desleales de comercio, como la venta por debajo de inventario, afecten la estabilidad de las empresas mexicanas.
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La industria automotriz, la más vulnerable
Ebrard destacó que un tercio de los empleos en riesgo pertenecen al sector automotriz, el cual coloca a México como el quinto productor mundial de vehículos. Sin embargo, enfrenta una presión creciente por la importación de autos ligeros provenientes de países asiáticos que no cuentan con Tratados de Libre Comercio con México.
De acuerdo con el secretario, algunas compañías extranjeras aplican estrategias agresivas para ganar mercado: “Primero venden por debajo de inventario, saben que su competidor no puede resistir y después elevan los precios”.
El Paquete Arancelario aprobado busca proteger la planta productiva nacional y garantizar la estabilidad laboral en sectores clave de la economía mexicana. La Secretaría de Economía subraya que la medida no pretende limitar la competencia, sino asegurar condiciones justas frente a prácticas comerciales que ponen en riesgo miles de empleos.
