México. Tras varios meses de peritajes y diligencias ministeriales, la Fiscalía General de la República dio por concluida la investigación sobre el accidente ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, asegurando que se logró esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.
Durante un mensaje a medios, la titular de la institución, Ernestina Godoy, explicó que el proceso se desarrolló con el uso de herramientas técnicas y legales, con el propósito de evitar la impunidad y garantizar atención a las víctimas del percance.
Como resultado de las indagatorias, se integraron cuatro carpetas de investigación que derivaron en la acreditación de los delitos de homicidio y lesiones culposas. De acuerdo con los hallazgos, la responsabilidad directa recae en el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes ya fueron vinculados a proceso y enfrentan procedimientos judiciales.
En contraste, otras posibles causas fueron descartadas. Peritajes especializados confirmaron que la infraestructura ferroviaria cumplía con los estándares establecidos, lo que permitió excluir fallas estructurales como origen del accidente.
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Asimismo, revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría Anticorrupción no detectaron irregularidades en contratos, mantenimiento ni uso indebido de atribuciones por parte de funcionarios públicos.
En cuanto a los daños materiales, la empresa ferroviaria optó por otorgar el perdón legal, mientras que en el ámbito penal se implementaron mecanismos de justicia alternativa para resolver la situación de las víctimas.
¿Qué pasó con las personas afectadas por el accidente?
Con la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se llevaron a cabo procesos de mediación que permitieron alcanzar acuerdos reparatorios con 145 personas afectadas, entre ellas 31 menores de edad, contemplando compensaciones económicas y medidas de atención integral.
Justicia alternativa como mecanismo de resolución
La fiscalía destacó que el uso de mecanismos alternativos permitió cerrar los casos sin prolongar los procesos judiciales, priorizando una reparación del daño efectiva y ágil para las víctimas, al tiempo que se extinguió la acción penal en los expedientes correspondientes.
