México.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que los 14 detenidos por el caso de huachicol fiscal fueron vinculados a proceso judicial. La resolución se obtuvo durante la madrugada, marcando un avance significativo en una investigación que involucra delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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“Hoy en la madrugada nos dieron la vinculación al proceso de todos ellos, los 14”, declaró Gertz Manero en conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde subrayó que el caso se ha manejado con total apego al control judicial desde su inicio en 2024, cuando el entonces secretario de Marina presentó ante la Fiscalía una serie de denuncias sobre irregularidades dentro de la institución.
Desde ese momento, la Fiscalía General de la República (FGR) activó un protocolo de investigación que incluyó la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda. Todas las diligencias se realizaron bajo supervisión judicial, lo que permitió consolidar pruebas y establecer vínculos entre los hechos denunciados y nuevas evidencias encontradas en operativos posteriores.
En marzo de 2025, se llevaron a cabo dos acciones clave en Ensenada y Altamira, donde se localizaron depósitos masivos de combustible no declarado. Aunque inicialmente parecían casos distintos, la integración de la información permitió establecer una conexión directa con las denuncias originales. Esto llevó a la solicitud de órdenes de aprehensión, que fueron concedidas por jueces federales.
“Las órdenes se dieron no solo por lo que habíamos investigado en materia de corrupción, sino por estos hechos nuevos que estaban vinculados”, explicó el fiscal. De los 14 implicados, 12 ya se encuentran detenidos en territorio nacional, mientras que los dos restantes están fuera del país y se han activado mecanismos de cooperación internacional para su localización.
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La FGR reiteró que la investigación continuará y que se actuará con firmeza contra cualquier red de complicidad que haya facilitado el desvío de recursos públicos. El caso representa uno de los mayores golpes al tráfico ilegal de combustibles en el país y refuerza el compromiso del Estado mexicano con la transparencia y el combate a la impunidad.
