?México.-
El presidente Felipe Calderón firmó el decreto de promulgación de la reforma constitucional en materia Amparo, la cual calificó como el más importante y poderoso cambio legal en décadas en México, para una mayor ampliación de derechos de las personas, evita la impunidad y rompe con viejos principios que impedían una eficaz aplicación de la justicia.
En la escalinata de la Casa Miguel Alemán de la residencia oficial de Los Pinos, Calderón llamó a estar atentos de los riesgos que pudiera entrañar la reforma y que no hayan sido vistos por el Poder Legislativo.
“Debemos tener la misma atención, voluntad y disposición para ver cuál es el éxito que, seguramente, tendrá la aplicación de esta reforma; pero también atentos y cautelosos de las posibles deficiencias no previstas por el legislador ni por ninguno de los quienes participaron en este proceso, y que deban ser corregidas”, alertó el presidente.
Al acto asistieron los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, y del Senado, Manlio Fabio Beltrones, así como legisladores de PAN, PRI y PRD, juristas y el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.
“Toda ley es perfectible y pienso también que toda reforma, una reforma tan audaz, tan profunda, como la que hoy se promulga, tiene riesgos. Pero, también, que cuando se trata de ampliar los derechos de los ciudadanos, esos riesgos deben de correrse”, aseguró Calderón.
La reforma a los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución entrará en vigor 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual sucederá a la brevedad, para que los estados ajusten sus legislaciones y el Poder Judicial adecue su estructura.
Un aspecto novedoso del ajuste constitucional es que cierra la puerta al abuso en la suspensión del acto reclamado, para que no haya quien se escude en el amparo con el objetivo de evadir la justicia o entorpecer la acción de la autoridad.
“De esta forma podrán otorgarse o negarse suspensiones cuando se considere que el instrumento, por ejemplo, es utilizado por infractores de la ley, para evadir a la ley misma. Ello le va a dar mucho más fortaleza y seriedad a la suspensión misma, cuando ésta sea justamente otorgada”, explicó Calderón.
Protege derechos humanos -de segunda y tercera generación- contenidos en tratados internacionales; es decir, todo derecho contenido en tratados internacionales firmado por México podrá invocarse su protección.
Con esto, explicó Calderón, “los ciudadanos podrán interponer amparos cuando consideren que han sido violentados no sólo los derechos garantizados en las leyes, sino en los tratados internacionales, ratificados por México, y que, desde luego, están apoyados, precisamente, ahora por nuestro sistema constitucional y legal, a través de la institución del amparo”.
También se faculta a la SCJN para hacer declaratorias generales de inconstitucionalidad de leyes y de normas.
Es decir cuando exista jurisprudencia reiterada y hayan transcurrido 90 días, y la autoridad no la corrija, la Corte podrá hacer una declaratoria de inconstitucionalidad que tendrá validez general o colectivo.
El mandatario recordó que con la reforma se incorpora a la Constitución la figura de amparo por omisión de la autoridad, lo cual significa que un ciudadano se podrá amparar también cuando la violación sea producto de una omisión o una falta de acción, llamada afectación “pasiva”, de tal forma que se cierra la puerta a la impunidad cuando las autoridades no cumplen cabalmente con su responsabilidad.
“Esta reforma es la mayor ampliación de derechos de los ciudadanos que se haya hecho en varias décadas en el país”, dijo Calderón tras reconocer que con el esfuerzo de juristas, académicos, legisladores y miembros de los Poderes Ejecutivo y Judicial se logró una propuesta de “gran calado”.
Juan Silva Meza explicó que ahora la Corte podrá declarar la inconstitucionalidad de normas generales y con ello los beneficios de la impartición de justicia y de la protección constitucional alcanzarán a toda la sociedad “y no sólo a aquellos que cuentan con más
recursos para defenderse”.
De igual formas se modifica el amparo y el llamado “Efecto Otero”, que sólo protege a las partes involucradas; es decir, con la declaratoria de inconstitucionalidad ésta será para todos los ciudadanos, y no sólo a la parte que impugnó.
Además, se crean al interior del Poder Judicial Federal los plenos de circuito para que los presidentes de los plenos, de los tribunales colegiados de un mismo circuito, resuelvan entre sí las contradicciones de tesis que se presenten, lo que permitirá descargar trabajo a la Corte.
Calderón explicó que al desahogarse a los 11 ministros de asuntos les permitirá concentrarse en aquellos asuntos verdaderamente de peso o de mayor trascendencia, acordes con su competencia constitucional que deban resolver.
Silva Meza dijo en su oportunidad que “el acto que da origen a esta ceremonia, representa el inicio de un cambio de gran envergadura; un acontecimiento, que modificará trascendentemente la cara del Poder Judicial de la Federación”.
El ministro de la Corte precisó que “se quiere que la institución de amparo vuelva a su origen: la prestación de un servicio público de importancia capital; para el buen funcionamiento de la República democrática; para evitar los abusos del poder; para garantizar nuestro régimen de libertades”.
