Ciudad de México.-Los fiscales militar y del estado de Tamaulipas deben renunciar tras
haber “falseado” información sobre la muerte de dos niños mexicanos, el
pasado 3 de abril en un retén militar, declaró hoy el abogado Raymundo
Ramos, asesor legal de la familia de las víctimas.
El miércoles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) , un
organismo público con funciones de defensor del pueblo, emitió una
recomendación para la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en la que
señala que fueron militares los responsables de un ataque contra 13
personas que viajaban en una camioneta en el que murieron dos niños.
Por tal motivo, Ramos anunció hoy en la emisora MVS que en las próximas
horas ofrecerán una rueda de prensa donde reiterarán su solicitud de
renuncia de los dos procuradores, el militar José Luis Chávez Chávez, y
el de Tamaulipas, Jaime Rodríguez.
El 30 de abril, en una conferencia de prensa conjunta, los procuradores
de Tamaulipas y de la Sedena sostuvieron que la causa de las muertes de
Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años respectivamente, fue un
enfrentamiento con sicarios.
La madre de los pequeños, Cinthia Salazar, sostuvo desde un principio
que la versión era falsa y se unió al abogado Ramos para exigir
responsabilidades.
Raymundo Ramos, quien además de asesor jurídico de la familia es
presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (Tamaulipas) ,
reconoció hoy ante la emisora el trabajo de la CNDH, que “acreditó
violaciones a los derechos humanos” de los niños y sus familiares.
“Para nosotros (la recomendación) confirma lo que la señora Cinthia y
Martín (su esposo) han estado denunciando: que fueron soldados mexicanos
quienes acabaron con la vida de Martín y Bryan” , añadió.
No obstante señaló que la petición de la CNDH a la Sedena de que
indemnice a los familiares de los menores muertos, repare los daños
físicos y psicológicos a las demás víctimas e instruya a que personal de
esa dependencia no altere las escenas de los hechos “se quedó corta en
virtud de todas las evidencias que se presentaron para demostrar la
responsabilidad del Ejército” , dijo Ramos.
El letrado demandó que el Estado mexicano asuma su responsabilidad ante
estos hechos, especialmente ante la circunstancia de que se hayan
trastocado evidencias para hacer ver algo distinto a lo que ocurrió.
“Si yo como ciudadano le miento a una autoridad, es un delito muy
penado. Sin embargo cuando miente un servidor público, se hace una
asociación delictuosa ahí, con un grado de impunidad muy alto. Para
poner orden, ellos tienen que poner el ejemplo” , agregó Ramos.
La Sedena emitió anoche un comunicado donde informó que ha recibido la
recomendación de la CNDH y que cuenta con 15 días hábiles para
analizarla, “por lo que en su oportunidad se determinará si se aceptan o
no los términos de la misma” .
