Falta de traductores dificulta a indígenas acceso a la justicia

México.- María Elena Vicente, oriunda de la región Papaloapan de Oaxaca, decidió
certificarse como intérprete de la lengua chinanteca después de ver que
varios paisanos suyos estaban encarcelados injustamente por no haber
contado con un traductor durante los juicios.”Pero no sólo los
chinatecos están en esa situación, también hay (hablantes de) náhuatl,
mazatecos, zapotecos, de todo”, comenta María Elena basada en su
experiencia de vida, que no está alejada de los datos oficiales.El
chinanteco, autodenominado por su hablantes como jujmi, es sólo una de
las lenguas indígenas de la familia lingüística oto-mangue, que se habla
en comunidades de los municipios oaxaqueños de San Felipe Jalapa de
Díaz, San Felipe Usila, Valle Nacional, Chiltepec, San Juan Cotzocón,
San Lucas Ojitlán y San Juan Bautista Tuxtepec; o los veracruzanos
Cosamaloapan, Isla, Tierra Blanca, Tres Valles, Uxpanapa, entre otros
más.De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), hay ocho mil 634 indígenas encarcelados en el país, quienes de
2011 a la fecha han presentado más de 400 quejas por detenciones
arbitrarias, la omisión de servicios de salud y falta de un intérprete
para un debido proceso.Alrededor de 313 de las quejas han sido tomadas por las comisiones locales de derechos humanos y 91 por la CNDH. Contar
con un traductor es un derecho inscrito en el inciso VIII del Artículo 2
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no
importa que el implicado hable bien el español, pues si su lengua
materna es indígena puede solicitar un intérprete y la autoridad está
obligada a proporcionarlo. El Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (Inali) colabora con las autoridades de los tres órdenes de
gobierno para tratar de garantizar este derecho y cuenta con un Padrón
Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas que las
dependencias pueden consultar en Internet.Incluso, es posible
localizar ya sea la oficina o la residencia de cada traductor con ayuda
de una aplicación para Google-maps, pero el problema principal radica en
que no hay suficientes intérpretes y no están cubiertas las 364
variantes lingüísticas del país. Ese padrón nacional tiene
inscritos a 337 intérpretes que hablan sólo 69 de las variantes
lingüísticas, y aunque la mayoría están concentrados en las zonas con
mayor población indígena como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo y
Yucatán, ni en estas entidades están garantizados los traductores para
la totalidad de las lenguas.El chinanteco por ejemplo, que se
habla en diversas zonas de Oaxaca y algunas partes de Veracruz, tiene 11
variantes de acuerdo con la ubicación geográfica de las comunidades:
del norte, central bajo, del sureste alto, del sureste bajo, del oeste
central alto, de la Sierra, del noroeste, del oeste, del oeste central
bajo, del sureste medio, o central; según detalla el Catálogo de las
Lenguas Indígenas Nacionales del Inali.Hasta ahora el padrón no
tiene registrados intérpretes para ninguna de ellas. De aprobar su
examen, María Elena sería una de las primeras.Genaro Serna,
funcionario encargado de los procesos de certificación del Inali
reconoce estas carencias y añade que lo ideal sería tener en cada juicio
un traductor para el acusado y otro para la víctima, pero “como
carecemos de un número importante de intérpretes generalmente se
considera que éste se desempeñará de manera imparcial”.Por ello,
explica que no basta hablar alguna lengua indígena para ser intérprete,
pues antes se necesita cumplir con un “estándar de competencia”
diseñado por el instituto, las universidades y los propios traductores.El
intérprete, asegura Serna, debe comprender la cultura detrás de cada
lengua, desarrollar un glosario de términos jurídicos, así como
adherirse a un código de ética para garantizar una actuación imparcial.Desde
2007 el Inali organiza una serie de diplomados y cursos para la
formación de intérpretes en distintas lenguas, con duración de entre 180
y 220 horas.La evaluación final para obtener la certificación
dura aproximadamente cuatro horas y consiste en la simulación de un
juicio oral en el que participan jueces, ministerios públicos, además de
otros funcionarios judiciales en funciones.El aspirante debe
traducir al acusado ficticio el rebuscado legajo de imputaciones y
pruebas en su contra que lee el secretario; además, todo lo que digan la
fiscalía y el juez; asimismo, traducir a los funcionarios lo que diga
el acusado, mientras un evaluador califica su dominio de la lengua y de
los términos jurídicos. En el curso de cuatro años 417 personas
han participado en los diplomados de formación, pero de acuerdo con
Serna sólo 90 de ellas han recibido la certificación. La
situación entonces está lejos de ser la ideal, pero cabe recordar que
las políticas públicas en la materia son relativamente recientes y
requieren de un enfoque a largo plazo para que el uso de las lenguas
indígenas tienda a profesionalizarse y se garantice el derecho a un
intérprete.”Por muchos años se creyó que las lenguas indígenas
solamente servían para contar anécdotas o cantar canciones en el pueblo,
pero me parece que la sociedad multicultural de hoy está valorando más
su uso en el ámbito académico y profesional”, afirma con optimismo
Benjamín Lucas, historiador y aspirante a la certificación como
intérprete de purépecha.in