Expertos lamentan criminalización de derechos reproductivos

Jiutepec,
Mor.- Especialistas de Estados Unidos, México y
Colombia reconocieron que en pleno Siglo XXI, el ejercicio de los
derechos reproductivos es motivo de criminalización de las mujeres en
muchas partes del mundo.En el panel “Criminalización de
mujeres a consecuencia de sus decisiones reproductivas”, durante el III
Congreso Latinoamericano Jurídico Sobre derechos Reproductivos,
indicaron que las leyes penales y otras normas niegan el derecho de
decidir.El profesor de derecho clínico en la Universidad
de Chicago, Brian Citro, expuso que “cada año se realizan 20 millones de
abortos inseguros. Esto constituye un medio (la mitad) de todos los
abortos realizados a nivel mundial”.”Estos abortos
inseguros representan 13 por ciento de todas las muertes maternas a
nivel mundial, y más de cinco millones de mujeres y niñas sufren
lesiones a corto y largo plazos como resultado de abortos inseguros”,
resaltó.El también miembro de la Clínica Internacional de
Derechos Humanos, indicó que al menos 222 millones de mujeres del mundo
en desarrollo tienen una necesidad insatisfecha de planificación
familiar y les gustaría dejar de tener hijos, pero son incapaces de
hacerlo.En tanto, la investigadora de la Universidad
Autónoma de México (UNAM) en Morelos, Joaquina Erviti, dio a conocer un
estudio en el que mujeres, sobre todo indígenas, señalaron que para no
ser castigadas penalmente por inducirse un aborto, tenían estrategias
ante el personal médico de los servicios de salud pública.Refirió
que en algunos estados de la República Mexicana y en otros países, el
personal médico tiene instrucciones de denunciar a quienes aborten, y
ese mandato es parte de la criminalización contra las mujeres.Asimismo,
señaló que las féminas llegan a argumentar “que así como Dios les mandó
a ese hijo, también así fue su voluntad quitárselo”, para convencer a
los médicos de que el aborto es natural y no provocado.En
el caso de México, indicó que en el período de 2009 a 2011, 679 mujeres
fueron denunciadas por haber interrumpido su embarazo.Mientras
en el panel “Secreto Profesional”, Juan Mendoza, médico neurocirujano
de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia de
Medicina de ese país, expuso que “el médico no puede convertirse en
vigilante, en un policía de quien presuntamente ha incurrido en un
aborto”.Pidió a los galenos buscar alternativas para no
caer en ese papel y añadió que en casos extremos, donde la presión del
gobierno es mucha, la sociedad debe demandar a un médico renombrado por
haber violado el secreto profesional, para que los demás no sigan
denunciando.”Se necesita un caso célebre, pero quien se
atreva a exhibir al médico, tendrá que aguantar toda la presión que
vendrá en su contra, pero con eso tal vez se logre un cambio”, expresó.En
el Congreso participan especialistas y organizaciones de México,
Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Brasil,
Perú, Costa Rica, República Dominicana, España, India y Estados Unidos.LM