Exigen expertos y Sicilia investigación ante proliferación de fosas clandestinas en Morelos

Morelos.- El “horror” que se vive en nuestro país “parece interminable y no nos
resignamos a ello, expresan expertos e intelectuales en carta abierta
al presidente Enrique Peña Nieto, la procuradora Arely Gómez, el
gobernador Graco Ramírez y otros funcionarios, al reclamar por la
“grave” aparición de fosas clandestinas en Tetelcingo, Cuautla, incluso
utilizadas por autoridades morelenses.
“El hecho de que la Fiscalía de Morelos posea fosas clandestinas y
que en ellas se hayan encontrado 150 cuerpos, no sólo afrenta a la
familia Navarrete Hernández que, además de sufrir, a causa de la
inseguridad que vive el estado de Morelos, el secuestro y el asesinato
de su hijo Oliver Wenceslao, ha tenido que padecer la incapacidad, la
negligencia y la ausencia de procedimientos de la Fiscalía en la
atención al crimen y al cuidado del cuerpo de Oliver que se encontraba
bajo su cuidado”, expresan Javier Sicilia Zardian, del Movimiento por la
Paz con Justicia y Dignidad; Roberto Villanueva Guzmán, Director de
Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y
Silvano Cantú Martínez, reconocido defensor de derechos humanos.
Los defensores llama a “hacer cumplir, tal y como lo mandata la Ley
General de Víctimas, el derecho de las familias de desaparecidos –83
personas en el estado de Morelos en los últimos dos años, según diversos
reportes de organizaciones civiles, así como las más de 26 mil en todo
el país- a realizar las pruebas necesarias para comprobar si los cuerpos
corresponden o no a sus familiares desaparecidos.
Estas fosas “afrentan y preocupan a la sociedad morelense y a todos
los mexicanos de buena voluntad”, advierten al exigir públicamente una
Investigación a fondo y a la brevedad, de las irregularidades en torno a
esas fosas clandestinas e ilegales y presentar las conclusiones
correspondientes.
También reclaman el deslinde de responsabilidades de los
involucrados. “Consideramos que las actuaciones de la Fiscalía del
Estado fueron revictimizantes y presumimos incluso que el hecho puede
configurarse en un crimen de lesa humanidad.”
Los defensores cuestionan a los gobiernos de Morelos y al Federal, 
“¿Por qué abrir fosas en predios que no cuentan con los servicios
básicos establecidos por la legislación en la materia? ¿No existe ya una
fosa común en Cuernavaca para la inhumación de cuerpos que no son
identificados o reclamados?”
De acuerdo con la familia y los abogados de Oliver Wenceslao
Navarrete Hernández, “los cuerpos no tenían documentos de
identificación, ni siquiera el número de carpeta de investigación
respectiva, ¿Por qué? ¿Qué se quiere ocultar al etiquetar hasta ahora
los cuerpos?”
Asimismo piden explicación de  “¿por qué la familia contabilizó 150
cuerpos, mientras que ustedes hablan de 105 y ahora de 103 porque
afirman que ya fueron entregados dos cuerpos a sus familiares? ¿Por qué
hasta ahora se entregan dos cuerpos de los que ya existían carpetas de
investigación?”
Asimismo preguntan “¿por qué el cuerpo de Oliver Wenceslao fue
arrojado a una fosa común a pesar de estar plenamente identificado por
sus familiares y custodiado por la Fiscalía?”
En este sentido al poner las carpetas de investigación a disposición
del público, ello incluye “¿la posibilidad de que los familiares de
personas desaparecidas puedan realizar estudios para verificar que sean o
no las víctimas?”
El poeta Javier Sicilia y los expertos cuestiona al gobierno de
Morelos. “¿no tiene suficiente capacidad para evitar la proliferación de
fosas clandestinas o en lugares que no cumplen con las especificaciones
jurídicas y de salud?”
“¿Por qué dadas las condiciones de desaparición en el país no se
hicieron las pruebas correspondientes, entre otras las de ADN?”,
cuestionan.
Es imperante, precisan, “la apertura de las carpetas de
investigación, reabrir las fosas y establecer el número de cuerpos que
contienen, además de que un grupo de peritos independientes coordinados
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos realicen las pruebas
necesarias para determinar su procedencia”.
Que los ayuntamientos, el de Cuautla en primer término, identifiquen
las fosas que dentro de su territorio se encuentren fuera de la Ley,
pues está claro que no existe tal identificación. Las autoridades
municipales de Cuautla fueron las últimas en conocer del caso de estas
fosas.
El gobierno del estado debe establecer un diálogo activo y público
con los familiares de las víctimas de desaparición y de los demás
delitos, así como con organizaciones y colectivos que las acompañan,
para crear estrategias y acciones concretas de respuesta a sus demandas.
Finalmente, Sicilia y los expertos demandan, promover en el Congreso
de Morelos “una reforma que dote de la autonomía necesaria a la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y Violaciones a los
Derechos Humanos, para que pueda realizar su trabajo de reparación del
daño y de acompañamiento psicosocial”.JE