Encuentra Comisión Ayotzinapa omisiones, fallas y contradicciones de autoridades

Ciudad de México.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a la desaparición y muerte de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, encontró que las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han intervenido en el caso, actuaron en distintos momentos con omisiones, irregularidades, tardanzas, contradicciones y descuido.En el informe previo entregado a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y que será tema de discusión en la sesión de éste martes, los legisladores integrantes relatan que a raíz de las reuniones informativas sostenidas con autoridades municipales, estatales y federales, se concluye que los familiares de las víctimas acusan represión y violencia desmedida contra los normalistas, por considerarlos ?disidentes políticos?.Agrega que en la reunión con el ahora gobernador con licencia, Ángel Aguirre, éste refirió que los grupos delictivos están infiltrados en las normales rurales del estado y en algunos cuerpos municipales locales.El texto indica que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyó que la autoridad local tardó en reconocer que los hechos del 26 y 27 de septiembre pasados, configuraban el delito de desaparición forzada.El organismo a cargo de Raúl Plascencia, dice el escrito, no reportó haber investigado nada en particular sobre la intervención o no de los elementos del Ejército destacados en la 27 Zona Militar, ubicada en Iguala.La presentación indica que ?comienza a formarse en el seno de esta Comisión Especial la opinión, más allá de la duda razonable, de que existen medios de prueba que nos sugieren irregularidades de las investigaciones que múltiples actores que han señalado a la opinión pública?.Admite que pese al paso de los días, la Comisión no ha podido reunirse ni tener comunicación abierta con las víctimas directas e indirectas de los hechos, ello, por la falta de confianza en la autoridad y el Estado en su conjunto.Destaca como preocupante, el hecho de criminalizar a las víctimas ?como una manera de justificar los hechos que sufrieron y que sufren sus familiares, causando un agravio más a sus derechos?.Entre las contradicciones en la información proporcionada por el gobierno de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General de Guerrero, resaltan: el número total de víctimas; así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos relacionados con la detención arbitraria de estudiantes, el uso ilegal de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición forzada de los mismos.?Se observa que las autoridades estatales sí tuvieron conocimiento de la actividad de los estudiantes, monitorearon por horas su desplazamiento y la policía estatal no actuó frente a las irregularidades que la policía municipal cometió contra los estudiantes?, apunta.?De ser así, incurrieron en una grave omisión de protección de los estudiantes y de la demás población civil afectada por los ataques cometidos por cientos agentes estatales, al parecer dela policía municipal y particulares?, agrega.Refiere que al recabar la información, las autoridades no hablaron de que las violaciones a derechos humanos cometidas fueran desaparición forzada, tortura; trato cruel, inhumano o degradante y ejecución extrajudicial.Añade que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se limitó a esperar a que las organizaciones sociales allegadas a los familiares de los normalistas, establecieran contacto con ellos.?Nos parece grave que la propia CEAV señale que participó en las primeras diligencias ministeriales? que según organizaciones no gubernamentales, carecieron de seriedad, no se apegaron a los lineamientos previstos en la ley y el derecho internacional, apunta.  De corroborarse dichas faltas, expone, ?la CEAV habría tenido conocimiento de las mismas, sin que realizara alguna acción con el fin de subsanarlas o de dar vista a la autoridad competente para ello?.Dice que en el encuentro de hace unas semanas con el gobernador con licencia Aguirre Rivero, éste les dijo que el gobierno estatal no actuó la madrugada de los hechos, porque el hoy alcalde con licencia, José Luis Abarca, no contestaba el teléfono.Esa declaración fue refutada posteriormente por el fiscal guerrerense, el cual dijo no haber intervenido, porque no se supo de los hechos, sino hasta que los heridos comenzaron a llegar a los hospitales, agrega.Indica que la CNDH justificó el no acompañamiento a las víctimas y familiares, porque éstos no le tuvieron confianza.El órgano autónomo sí identificó, expone el documento: falta de claridad en las líneas de investigación, que la mayoría de las cámaras de seguridad en Iguala no funcionaron el día de los hechos, que no se preservaron las evidencias del caso ni los cuerpos localizados en distintas fosas, no se aplicaron los protocolos adecuados de búsqueda y localización de los normalistas en las primeras 72 horas tras la desaparición y no se cumplieron las medidas cautelares dictadas a favor de las víctimas.Respecto a la reunión con el titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Miguel Osorio; de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), los diputados y diputadas integrantes, reportan que el secretario Osorio Chong ?reconoció que no se tomaron las medidas adecuadas para evitar que el alcalde de Iguala, su esposa y el director de Seguridad Pública, se sustrajeran a la acción de la justicia?.El informe previo de la Comisión, expone que éste mismo lunes 3 de noviembre, se solicitó a la PGR explicar por qué no se aplicaron debidamente los protocolos para investigar la desaparición forzada.También se le pidió un informe para saber si quienes han sido señalados como probables responsables y los funcionarios involucrados han sido llamados a comparecer.Se le solicitó acceso al expediente de la averiguación previa principal; que se programe una nueva reunión de trabajo con el procurador Murillo y se realice una visita a Iguala, en compañía del personal forense que colabora en la investigación penal.Como pendientes, los diputados contemplan: reuniones con las víctimas y sus familiares, con el director de la Normal Rural de Ayotzinapa, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones no gubernamentales; con los secretarios de la Defensa, de Gobernación, con el titular de la PGR, con el director del CISEN y con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública.También se prevé solicitar encuentros con el gobernador interino y el fiscal General de Justicia de Guerrero, con el relator del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.De igual modo, tienen planeado ir a Iguala, reunirse con el equipo argentino de antropología forense que ha participado en las indagatorias y procesar esos últimos reportes solicitados a distintas instancias federales.JE