México, DF.- ?
La Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó dos redes de
corrupción donde participaban 194 funcionarios de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), que simulaban compras directas con facturas de
supuestos pagos de lentes y aparatos ortopédicos, entre otros.
La SFP informó que en ambos casos, dicho personal estaba adscrito a la
Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP. Han sido
inhabilitados por 10 y hasta 29 años por daños al erario de 3.9 millones
de pesos.
Además, se presentaron denuncias penales el 24 de agosto por el Órgano
Interno de Control de la SEP por vender facturas o certificados médicos
falsos a precios de entre 400 y 800 pesos.
Tras una auditoría, las facturas no fueron reconocidas por los supuestos
emisores y los certificados llevaban nombres y firmas falsos de
médicos, carecían de sellos oficiales y en el ISSSTE no estaban los
expedientes médicos.
Durante 615 veces entre 2005 y 2006, según la investigación, el empleado
presentaba el documento que compró ante la Coordinación Administrativa
para tramitar el pago de la prestación y se pagaba sin ninguna
verificación.
En este caso, donde participaron 14 funcionarios que desviaron 2.7
millones de pesos, la administrativa Yolanda Leonila Rodríguez fue
inhabilitada 29 años y sancionada con 8 mil 210 pesos.
En esta investigación se confirmó la simulación de compras directas por
medio de la presentación de documentos falsos, tales como solicitudes de
compra, vales de abasto de artículos y registros de ingreso al almacén.
Además de Yolanda Leonila Rodríguez, fueron inhabilitados con 22 años,
Luis Wence Ángel, profesional de análisis especializado y Graciela
Gutiérrez Calderón, especialista técnico, además de otros 11 empleados
involucrados podrían recibir sanciones similares.
Facturas apócrifas
En el segundo caso, la SFP detectó otra red de corrupción conformada por
180 servidores públicos adscritos a la DGEI de la SEP, que cobraba
prestaciones laborales con un daño patrimonial por un millón 259 mil
pesos.
Los involucrados usaron facturas presuntamente apócrifas de proveedores
de lentes y de aparatos ortopédicos, así como recetas que no fueron
expedidas por el ISSSTE, para justificar el pago indebido de dichas
prestaciones.
La Secretaría de la Función Pública informó que ha abierto
procedimientos de responsabilidades administrativas contra los 180
servidores públicos que participaron en los hecho
