México.- Este jueves 23 de noviembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 419 votos a favor, cero en contra y 23 abstenciones la iniciativa presidencial que busca reformar el Código Penal Federal y de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para castigar el uso de drones con fines delictivos.
El proyecto, que ha sido turnado al Senado de la República para su revisión y ratificación, pretende agravar las penalidades por la utilización de aeronaves pilotadas a distancia para arrojar cualquier objeto o artefacto explosivo, explosivos improvisados o armas, así como sustancias químicas sobre personas o bienes.
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En otras palabras, la iniciativa tiene como objetivo implementar sanciones que van de los cinco y hasta los 53 años de prisión para quienes hagan uso de drones para atacar bienes o servicios públicos y privados, o incluso la integridad de las personas. Además, el dictamen tipifica como terrorismo el uso de drones para provocar alarma en la población, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular
De este modo, la iniciativa busca aumentar en un tercio la pena de hasta 40 años de cárcel prevista para el terrorismo, alcanzando así un máximo de 53 años.
Por otra parte, según lo expuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional, desde el 2020 a la fecha se han reportado 605 ataques con drones, destacando los estados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas:
Tan solo durante el primer semestre de este año se han verificado 260 ataques de este tipo, es decir, 27 más que en todo el 2022. El incremento en la incidencia de estos hechos se representa en un 5 mil 100 por ciento, un grado de crecimiento que permite considerarlo como un fenómeno de alto impacto.
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La legisladora morenista Rosangela Amairany Peña subrayó que el crimen ha recurrido durante los últimos años al uso de drones como herramienta para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas, hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas.
En contraparte, el diputado Braulio López Ochoa, de Movimiento Ciudadano, aseguró que esta reforma no es la respuesta correcta para combatir dicho el delictivo, pues asegura que el proyecto busca enfrentar un riesgo evidente, pero con una tipificación ambigua que podría criminalizar a personas inocentes.
