Diputado promueve eutanasia en Puebla

?Puebla.- Pese al rechazo generalizado de los diputados locales, el petista José Manuel Benigno Pérez Vega, presentó la iniciativa para permitir la interrupción voluntaria de vida, mejor conocida como eutanasia.
El pasado jueves la propuesta fue enviada a las Comisiones de Gobernación y Salud, respectivamente, para que la norma sea analizada minuciosamente y posiblemente se discuta en los siguientes meses.
Aunque la 57 Legislatura comienza a agonizar, el diputado confió en que durante los últimos meses de gestión del actual Congreso su iniciativa prosperará aunque de no ser así la heredará el próximo parlamento.
Según el político emanado del Partido del Trabajo (PT) todos los seres humanos tienen derecho a una muerte digna y sin sufrimiento por lo que esta ley permitirá cesar el dolor de quienes han sido diagnosticados como enfermos terminales.
La propuesta se basa en reformar tres leyes tanto de la Constitución Política Estatal como del Código de Defensa Social de modo que también pueda castigarse a quien induzca al suicidio sin justificación.
“Más allá de dogmas religiosos, el ser humano dispone de la inalienable libertad de decidir poner fin a aquellos sufrimientos que le incapacitan permanentemente para vivir dentro de los parámetros mínimos de bienestar, esta ley no trata de fomentar la muerte sino abrir una opción humanitaria”, comentó.
El documento comprende la iniciativa de decreto por el que se reformaría el artículo 5 de los estatutos de los Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) para que le sean atribuibles las acciones de atención médica y asistencia social; salud reproductiva y planificación familiar; promoción de la salud; medicina preventiva; control sanitario; vigilancia epidemiológica e interrupción voluntaria de la vida.
De aprobarse la Ley de Eutanasia se reformarían los artículos 333, 334 y 335 para sancionar con uno y hasta 5 años de prisión a quien induzca al suicidio a alguien incapaz mentalmente o menor de 18 años.
En caso de que un sujeto auxilie en el procedimiento de interrupción a una persona incapaz de decidirlo voluntariamente entonces la pena pasaría de 10 a 12 años de cárcel.
Pérez Vega comentó que insistirá en promover la iniciativa pues cuando la agonía de un enfermo es irreversible y demoledora debe otorgársele con respeto el último acto de libertad y humanidad hacia sí mismo como es la decisión de cesar su propia vida.