México.- La muerte del actor Octavio Ocaña es un tema que mantiene un fuerte impacto entre la población mexicana, por lo que la diputada local del PRI Silvia Sánchez ha presentado una iniciativa para modificar el Código Penal Federal y castigar con hasta 7 años de cárcel a funcionarios públicos por la filtración de fotos y videos relacionados con hechos delictivos.
La denominada “Ley Ocaña” ha surgido tras la difusión de imágenes de la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como “Benito Rivers“, por su papel en la serie “Vecinos“, lo que llevó a la diputada a presentar esta iniciativa junto a los familiares del famoso, quienes aún adelantan un proceso penal en busca de justicia.
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Sánchez expresó al respecto:
En México es constante la filtración de información en redes sociales y medios de comunicación relacionada con alguna causa penal que implica el daño y menoscabo a la dignidad humana de una persona, e incluso de su familia. Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto salvaguardar la dignidad y honra póstuma de las personas fallecidas y de sus familiares, así́ como prevenir el uso indebido de todo tipo de información relacionada con toda una investigación de causa pena.
El proyecto de ley señala que se impondrán de 3 a 7 años de prisión y multa de 700 a mil 300 Unidades de Medida y Actualización a servidores públicos que por su trabajo tengan acceso a la información de un hecho delictivo, y que indebidamente difundan, transmitan, publiquen, expongan, remitan, distribuyan, videograben, audiograben, filmen, reproduzcan, comercialicen, oferten, intercambien o compartan imágenes, audios, videos, documentos, relacionados con los hechos delictivos.
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Además, se especifica que estas sanciones podrían elevarse a la mitad cuando el delito descrito involucre como víctimas a mujeres, niñas, niños, adolescentes o alguna persona en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la diputada del PRI comentó que la difusión de imágenes de víctimas ya está penalizada a nivel local, por lo que ahora buscan elevarlo a nivel federal y lograr que en todas las entidades federativas sean castigados los servidores públicos que incurran en dichas faltas.
