Difícil que por caso Monex anulen elección

Guadalajara, Jal.- La coacción y
compra del voto ha sido el eje de impugnación de la elección
presidencial. La diferencia, de más de tres millones de votos entre
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sacó el reclamo de las
izquierdas de las casillas propiamente.La exigencia de anular la
elección no está sustentada en errores de conteo electoral, sino en el
contexto que envolvió a la elección. En este sentido, el caso Monex, que
ha unido a las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), se ha convertido en el
alegato más sólido de la izquierda para respaldar la acusación de que el
tricolor compró voluntades a través de flujos abundantes de recursos
económicos. La trama Monex es una triangulación de recursos
económicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El tricolor, a
través de un intermediario cercano a la campaña de Enrique Peña Nieto
(la empresa Alkino Servicios y Calidad), accedió a un poco menos de ocho
mil tarjetas electrónicas donde el partido depositó más de 66 millones
de pesos para operación y movilización política. Es decir, el PRI
accedió a estas tarjetas con la intención de transferir recursos a la
estructura partidista encargada de tareas como llevar electores a las
casillas el día de la elección o fungir de funcionarios de casilla del
partido.Además de esos recursos, el PRI pagó, según datos que ha
aceptado Jesús Murillo Karam, coordinador jurídico de la campaña de
Peña Nieto, también pagó un millón 682 mil pesos por concepto de
comisión por la prestación del servicio y más de dos millones y medio
por la gestión del financiamiento.En el plano judicial, los
partidos de izquierda enfrentan un dilema: la determinancia, tesis
jurídica a la que alude la campaña de López Obrador para anular la
elección, requiere de pruebas sólidas que demuestren el vínculo entre la
prebenda y el voto y, posteriormente, demostrar que las irregularidades
son suficientes para revertir una elección con una distancia de más de
tres millones de votos.Los casos de Monex y Soriana son la línea
material y probatoria de la impugnación, ya que el tema de la
influencia de las encuestas o el impacto de los medios de comunicación
en el proceso electoral, son causas abstractas y subjetivas, que
plantean dificultades probatorias.El dinero invertido por el PRI
en la compra de tarjetas constituye alrededor de 20% del tope de
campaña estipulado por los partidos políticos en la ley electoral (66
millones de 330 millones, el tope de gastos para elección presidencial).
Sin embargo, la ley electoral de 2007 no contempla el rebase de tope de
gastos de campaña como una causal de nulidad, solamente contempla una
multa. Así, especialistas en la materia advierten que si la izquierda y
el PAN demuestran que el PRI rebasó por mucho los topes de campaña (dice
el PRD que el PRI gastó más de cuatro mil 500 millones de pesos), la
aspiración no es la invalidez de la elección, sino una multa histórica
que disuada el uso indiscriminado de recursos en las elecciones.ne