Departamento del Tesoro de EEUU congela bienes de pareja de Rafael Caro Quintero

Ciudad de México.- La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó este miércoles a
Diana Espinoza Aguilar (alias Altagracia Espinoza Aguilar) de
nacionalidad mexicana como narcotraficante especialmente designada de
conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin).
Espinoza Aguilar actúa a favor o en nombre de Rafael Caro Quintero,
su pareja identificada, en cuanto a la posesión de ciertos bienes y
realización de actividades comerciales en su nombre.
Caro Quintero es un importante narcotraficante mexicano y también es fugitivo de la justicia de Estados Unidos.
Es el autor intelectual del asesinato del Agente de la Administración
para el Control de Drogas (DEA) Enrique Camarena ocurrido en 1985.
Como resultado de la acción, todos los bienes e intereses de Diana
Espinoza Aguilar bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados, y
a los estadunidenses se les prohíbe participar en transacciones con
ellos.
?La designación de Diana Espinoza Aguilar demuestra una vez más que
el fugitivo narcotraficante Rafael Caro Quintero depende en gran medida
del apoyo de sus familiares,? expresó John E. Smith, Director Interino
de la OFAC.
?El Departamento del Tesoro en coordinación con la DEA, está
comprometido a proceder legalmente contra Caro Quintero hasta que sea
llevado ante la justicia y su organización sea desmantelada?, indicó.
?La DEA y el Departamento del Tesoro utilizan todas las herramientas
posibles para atacar y desmantelar las violentas y mortales
organizaciones criminales tales como la de Rafael Caro Quintero, quién
fue responsable del asesinato de Camarena, expresó el Administrador
Adjunto de la DEA Jack Riley.
“Gracias a esta acción del Tesoro, Diana Espinoza Aguilar ha sido
expuesta como un integrante clave y facilitadora de Caro Quintero y su
vicioso régimen de tráfico de drogas global y sistema de lavado de
dinero.”
Diana Espinoza Aguilar ha tenido vínculos con actividades de tráfico de drogas durante años.
En 2008, fue detenida en México junto con su marido en aquel tiempo,
un narcotraficante colombiano, y fue acusada por delitos relacionados
con cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Fue condenada a prisión y mientras estuvo encarcelada en la prisión
de Puente Grande, Jalisco, conoció a Caro Quintero también encarcelado
entonces.  Espinoza Aguilar posee algunos bienes de Caro Quintero bajo
su nombre, los cuales él obtuvo de las ganancias de la droga.
El gobierno estadunidense identificó a Caro Quintero como un narcotraficante especialmente designado de conformidad con la Ley Kingpin en 2000.
Caro Quintero comenzó su carrera criminal a finales de la década de 1970, cuando él y otros formaron el Cártel de Guadalajara y acumularon una fortuna ilícita.
Caro Quintero fue sentenciado en México por su participación en el
asesinato de Camarena y recibió una sentencia de 40 años en prisión.
Mientras estuvo en preso, Caro Quintero continuó sus relaciones con
las organizaciones mexicanas de narcotraficantes y utilizó una red de
familiares y testaferros para invertir su fortuna ilícita en empresas
aparentemente legítimas y desarrollos inmobiliarios en la ciudad de
Guadalajara.
El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado de una prisión
mexicana cuando aún restaban 12 años para que cumpliera su sentencia.
Caro Quintero continúa involucrado en actividades de tráfico de drogas
desde su liberación.
Caro Quintero ha sido acusado en el Tribunal del Distrito Central de
California por cargos relacionados con el secuestro y asesinato del
Agente Especial Camarena, así como por tráfico de drogas. El gobierno de
los Estados Unidos, bajo la dirección de la DEA, busca la captura y
extradición de Caro Quintero para que enfrente estos cargos. La DEA
ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que
conduzca a su arresto y/o condena. La OFAC y la DEA trabajaron en
estrecha colaboración para llevar a cabo la acción que se anuncia hoy.
Desde junio de 2000, más de mil 900 empresas e individuos han sido
designados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico
internacional de narcóticos.
Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre
penas civiles de hasta 1 millón 75 mil dólares por cada violación hasta
penas criminales más severas.
El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.
Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas
de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por
violación criminal a la Ley Kingpin.JE