Washington, D.C., – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó una acusación formal contra Juan José “Juanjo” Farías Mendoza, de 31 años, e Israel “Papo” Vega Farías, de 37 años, ambos originarios de Tepalcatepec, Michoacán, por delitos de narcotráfico, apoyo material a una organización terrorista extranjera y posesión de armas de fuego.
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Cárteles Unidos, designados como organización terrorista
Los acusados son familiares cercanos de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, máximo líder de los Cárteles Unidos, quien enfrenta cargos desde 2024. La organización, con sede en Michoacán, fue designada en 2025 como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) por el Departamento de Estado.
De acuerdo con las autoridades, los Cárteles Unidos son uno de los principales productores de metanfetamina del mundo, con capacidad para fabricar varias toneladas al mes y distribuirlas en ciudades de Estados Unidos como Dallas, Houston, Atlanta, Los Ángeles y Chicago, además de expandirse hacia Europa y Australia.
Investigación internacional y posibles condenas
La investigación comenzó en Tennessee, tras la incautación de más de 950 kilogramos de metanfetamina y fentanilo en las afueras de Atlanta. El caso involucra a múltiples agencias federales y locales, incluyendo la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que destacó el impacto global de la organización en la violencia y la adicción.
Los fiscales señalaron que Farías Mendoza y Vega Farías enfrentan cargos por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina, brindar apoyo a una organización terrorista y portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y explosivos. De ser declarados culpables, podrían recibir cadena perpetua.
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La acusación contra los dos altos mandos de los Cárteles Unidos refuerza la estrategia del gobierno estadounidense para desmantelar las estructuras de mando de los cárteles mexicanos, mediante investigaciones conjuntas y la aplicación de cargos por narcotráfico y terrorismo internacional.