Denuncian defensores tortura y el rezago en materia de derechos humanos que impera en Guerrero

Redacción.- En el marco de la visita a México del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Tortura, Juan E. Méndez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó al funcionario de la ONU un informe especial sobre la situación de la tortura en el estado de Guerrero, “una de las entidades federativas más rezagadas en materia de derechos humanos en México.”En su visita para evaluar la situación de la tortura e identificar los desafíos respecto de la prohibición de esta práctica y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el país, el relator Méndez fue informado “sobre los vacíos en los marcos normativos para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en Guerrero; los obstáculos en su investigación; así como los retos para implementar las nuevas reformas al sistema de justicia penal en el estado y la falta de restricciones a la jurisdicción militar.El funcionario de la ONU también recibió información actualizada del llamado caso ‘Ayotzinapa’, “considerando el seguimiento que ha dado el Relator Especial, relativo al uso de la tortura en contra de jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, luego de que autoridades estatales y federales realizaran un violento operativo de desalojo y disolución de una protesta estudiantil pacífica el pasado 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero,” reporta Tlachinollan.El Director de Tlachinollan, el Antropólogo Abel Barrera, ilustró al relator sobre tortura de la ONU sobre “la falta de armonización con estándares internacionales de la Ley Número 439 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de Guerrero de reciente promulgación; las deficiencias en la investigación de este delito incluyendo lo relativo a la aplicación del Protocolo de Estambul; el rezago en la reforma del sistema de justicia penal; y la subsistencia del fuero militar.”, precisa el organismo humanitario en un comunicado.En caso concreto, le notificaron al relator especial de Tortura de la ONU sobre los hechos de Tortura, Ejecución Extrajudicial y Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes en contra de estudiantes de la Normal Rural ?Raúl Isidro Burgos? de Ayotzinapa, sucedidos el 12 de diciembre del 2011 por las corporaciones de seguridad a nivel federal y del estado de Guerrero.Le señalan que ese día, una protesta de unos 300 estudiantes (entre los 18 y los 21 años) de la Escuela Normal Rural ?Raúl Isidro Burgos? de Ayotzinapa, Guerrero, para demandar audiencia con las autoridades guerrerenses, tres personas perdieron la vida: dos estudiantes por lesiones de proyectil de armas de fuego por parte de corporaciones de seguridad y un empleado de una gasolinera, a consecuencia de las quemaduras que sufrió al intentar sofocar el fuego en una bomba de combustible. Asimismo, fueron detenidas arbitrariamente 42 personas, 24 de los cuales fueron sometidas a golpes de palos y toletes. En este grupo se hallaban cuatro menores de edad y una mujer.Tlachinollan reporta al relator Méndez que “en los hechos participaron 239 servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y  a la Procuraduría General de Justicia, ambas del gobierno del estado de Guerrero; de este total, 91 funcionarios portaban armas de fuego mientras que se probó que los manifestantes no portaban armas de fuego,” aclaran los defensores guerrerenses.Tras investigar los hechos, el 28 de marzo del 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 1 VG/2012. Específicamente sobre hechos de tortura, Tlachinollan destaca el caso del detenido Gerardo Torres Pérez, en ese entonces de 19 años de edad, alumno de la Escuela Normal Rural ?Raúl Isidro Burgos? y a quien se le imputó el haber disparado un arma calibre AK 47, con la finalidad de desvirtuar los hechos. En efecto, el estudiante fue golpeado con violencia en diversas partes del cuerpo, mientras se encontraba recostado en el piso, por un grupo indeterminado de Policías Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes llevaban el rostro cubierto, dentro de las instalaciones centrales de dicha Procuraduría, para después ser llevado clandestinamente a un paraje desolado donde fue nuevamente golpeado y obligado por medio de amenazas a disparar un arma para autoincriminarse. No obstante, ante la denuncia pública y jurídica de Tlachinollan, el estudiante pudo recuperar su libertad.En su mencionada Recomendación, la CNDH concluyó que con base en los estudios practicados a la víctima, el joven presentó signos y síntomas positivos de tortura, recayendo la responsabilidad de la violación a los derechos humanos en los policías ministeriales adscritos a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero que  tuvieron bajo su resguardo al estudiante; no obstante, a la fecha ningún funcionario ha sido sancionado por estos hechos.”Las investigaciones de estos hechos no se iniciaron por el delito de tortura al no estar éste tipificado en el Código Penal del Estado y no se consideró como prueba suficiente lo actuado por la CNDH; tampoco se aplicó el Protocolo de Estambul; adicionalmente, la falta de diligencia del ministerio público y su omisión en el dictado de medidas de seguridad permitió que la víctima recibiera amenazas y presiones para retirar su denuncia. Por otra parte, la PGR ha centrado su investigación en contra de los oficiales locales no en los abusos cometidos en detrimento de los estudiantes, sino en contra de los oficiales locales que liberaron a los estudiantes que fueron detenidos arbitrariamente, estableciendo precedentes para la criminalización de los estudiantes,” señala Tlachinollan.”Tras más de dos años de los hechos, los dos únicos funcionarios públicos acusados penalmente de los homicidios de los dos estudiantes han sido liberados, dejando impunes todos los abusos, incluyendo el de la tortura y las detenciones arbitrarias. La tortura infligida en el caso Ayotzinapa es emblemática de la persistencia de esta práctica en el estado de Guerrero en varios niveles: evidencia que la tortura se sigue empleando para obtener confesiones ilegítimas en caso de alto impacto; muestra la participación del ministerio público y la policía responsable de investigar los delitos en esta práctica; ilustra sobre el modo en que en estados como Guerrero las investigaciones no se inician por el delito de tortura; pone de relieve la falta de valor probatorio a las actuaciones del sistema Ombudsman; y demuestra la persistencia de riesgos para quienes denuncian la tortura,” informó  Tlachinollan al relator Méndez de la ONU.JE