Demandan se siga proceso en juzgados civiles a militares y policías

Ciudad de México.- Tras la difusión de un video en redes donde militares y elementos del
ejército y policías federales torturan a una joven mujer para obtener
información, pese a que la Secretaría de la Defensa Nacional ya abrió la
investigación en la jurisdicción militar por el delito de
“desobediencia”, los hechos “ameritan una profunda investigación”, pues
demuestran “la necesidad de contar en México con un marco normativo
adecuado que reconozca la grave problemática de la tortura y ésta se
investigue, se castigue y se repare conforme a los estándares
internacionales de derechos humanos”.
Activistas y defensores expresaron su rechazo a que los militares
involucrados “estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra,
ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de
tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la
PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles”.
Al respecto, la SEDENA argumentó que el proceso se desarrollará en los
?dos fueros?; en el militar, por ?desobediencia?, únicamente, y en el
ordinario, por el delito que la PGR considere.
Estos hechos, muestran “la institucionalidad de la tortura en nuestro
país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para
que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare
conforme a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de
tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la
discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los
contenidos de la Ley General de la materia, agregaron.
“Exigimos de la Procuraduría General de la República, como una
instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los
responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances
sobre las investigaciones”, dijeron.También exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que
contacte con la víctima, para verificar su situación legal y su
afectación psicológica, ya que esta persona actualmente se encuentra
detenida.
“Consideramos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe
intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los
derechos humanos e investigar: la cadena de mando, la conducta de las
autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la
autoría intelectual de estos hechos” agregaron.
A la Comisión Nacional de Seguridad, exigimos también, informe sobre
la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura,
de su posición sobre los hechos e informe sobre el seguimiento de los
casos, las sanciones disciplinarias y penales a los Policías Federales
involucrados, señalan grupos como ASILEGAL A.C.; la Asociación de
Familiares Detenidos Desaparecidos, AFADEM; el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña Tlachinollan. A.C.; el Centro de Derechos Humanos
Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C. y la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, A.C., entre otras.MV