Cuestionan defensores liberación de los militares implicados en caso Tlatlaya

Ciudad de México.- La totalidad de los elementos militares que participaron en los
hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya “están libres”, advierten 16
agrupaciones de expertos y de defensa humanitaria.
En México “la justicia para las víctimas de violaciones a derechos
humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de
ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que
prevalece en nuestro país”, agrega el organismo, luego de que el
Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid
Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban
un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y
encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de
vestigios del hecho delictivo.
El fallo se dictó pese a que la CNDH presentó en su Recomendación
51/2014, elementos que presumen la existencia de la ejecución arbitraria
en contra de 12 a 15 personas, detallan agrupaciones como Artículo 19,
Freedom House, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez y la Red por los Derechos para todos y todas, Red TDT, entre
otras.
Ello se suma a las propias declaraciones de las tres mujeres
sobrevivientes de la masacre, que coinciden en que “si bien existió un
enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a
disposición del Ejército para después ser privados de la vida”.
En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente
247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente
de la vida a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar
la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se
requerían de mayores elementos probatorios.
Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación
poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a
derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en
la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación
por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que
instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ?abatir
delincuentes en horas de la oscuridad? sigue sin ser investigada.
La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada
por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el
juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer
los recursos correspondientes.
En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se
pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares,
sino que su libertad es por insuficiencia probatoria.
Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.
Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución
evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en
torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías
en su proceso de búsqueda de verdad, revela las agrupaciones.
Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de
algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de
los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos
solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la
ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben ser
investigados y sancionados.MV