Confirman multa a laboratorios en México por subir precios en una licitación

México, DF.- La
Comisión Federal de Competencia (CFC), el órgano
antimonopolios de México, confirmó hoy la multa de más de 150 millones de pesos
(unos 11,6 millones de dólares) a seis empresas farmacéuticas por subir de
manera concertada los precios de medicamentos que vendían al Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Las compañías sancionadas habían interpuesto un recurso de revisión de la
multa, impuesta el pasado 23 de febrero, pero el pleno de la CFC corroboró hoy su decisión
por mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra.
“Con esta resolución, se agotan las instancias de revisión ante la CFC y el caso queda firme en
sede administrativa”, explicó el organismo en un comunicado.
De acuerdo con el regulador antimonopolios, las empresas realizaban
prácticas de monopolio durante las licitaciones públicas convocadas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el efecto de eliminar las
competencia entre ellas y obligar al IMSS a pagar precios artificialmente altos
por los medicamentos.
Los laboratorios Eli Lilly y Compañía-México, Laboratorios Cryopharma,
Probiomed y Laboratorios Pisa habían conspirado de 2003 a 2006 para eliminar la
competencia en las licitaciones de insulina humana, esencial para el
tratamiento de la diabetes.
Por su parte, los Laboratorios Pisa, Fresenius Kabi México y Baxter se
coordinaban para presentar posturas en las licitaciones de sueros inyectables
(agua inyectable, cloruro de sodio, glucosa y solución Hartmann) de 2003 a 2006.
El organismo gubernamental impuso una multa de 21,5 millones de pesos (1,7
millones de dólares) a cada una de estas firmas, que supuso el máximo
establecido en la Ley
Federal de Competencia Económica previa a las reformas de
2006, que resultó aplicable en este caso.
Además, la autoridad de competencia mexicana sancionó a las personas que
participaron directamente en las licitaciones que afectaron al IMSS “por
cuenta y orden de sus empleadores”, por unos 21 millones de pesos (1,6
millones de dólares).
El argumento que esgrimieron las compañías en su recurso de revisión
“era que el comportamiento sancionado no se debía a una coordinación
ilegal entre las empresas, sino que correspondía a acciones unilaterales
basadas en previsiones sobre el comportamiento de los competidores”,
explicó la CFC.
Sin embargo, la institución concluyó que el patrón de posturas observado en
las licitaciones revela que “la empresa ganadora incrementaba el precio en
licitaciones posteriores para dar paso a otro ganador (que a su vez ofrecía una
cotización similar a la ofrecida por el ganador de la licitación anterior), lo
cual sólo es explicable si hay colusión entre competidores”.