Concluyen más de 4mil funcionarios cursos en materia de Blindaje Electoral

Redacción.- 4  mil 551 funcionarios públicos, especialmente en los temas ?Multiplicadores Internos en Materia Penal Electoral? y ?Prevención del Delito y Blindaje Electoral?, reportan la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)  al concluir los cursos en materia de Blindaje Electoral.A través de la Unidad de la Abogada General, se realizaron cuatro videoconferencias, nueve cursos en oficinas centrales, tres en Comités Jurídicos Regionales y 15 en los estados donde el próximo 7 de julio se desarrollará la jornada electoral: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.La siguiente y última acción a implementar dentro del Programa de Blindaje Electoral 2013 es la verificación y resguardo del parque vehicular de Sedesol, así como los inmuebles de la dependencia, sus órganos desconcentrados y entidades sectorizadas, del 5 al 7 de julio, en las 15 entidades que tendrán jornada electoral.Las acciones son: verificación del parque vehicular en los lugares de resguardo; revisión de los inmuebles a oficinas del Sector Desarrollo Social, elaboración de actas de resguardo y recolección de evidencia fotográfica, todo en coordinación con el Órgano Interno de Control. Además, explica la Sedesol, para favorecer la transparencia se invitó a representantes de los Institutos Electorales de los estados en donde habrá elecciones.Para desarrollar esta acción con mayor eficacia se designará -por cada estado- a dos servidores públicos de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia y uno del Órgano Interno de Control, para garantizar una verificación exhaustiva a los vehículos e inmuebles, con lo cual se evitará que los vehículos, oficinas o equipo sean utilizados para fines distintos al desarrollo social.Cabe destacar que cursos que han concluido, capacitaron a servidores públicos y a beneficiarios de programas sociales con quienes se analizaron los delitos electorales en que pueden incurrir los funcionarios, como la alteración del Registro Federal de Electores, la recolección de credenciales de elector o el desvío de recursos públicos federales.Estos funcionarios fueron advertidos de las penalizaciones a que pueden hacerse acreedores, según la gravedad de la falta: administrativa, penal o electoral, siendo las dos últimas las que incluso pueden ser castigadas con tres a nueve años de prisión, además de sanciones económicas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.Los ponentes fueron Erni Orozco, director general adjunto de la Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia; Karina Luján, directora de Coordinación y Concertación para la Transparencia y Derechos Humanos; Adriana Judith Pérez, subdirectora de Instrumentación de Programas Concertados; Ángel Ortiz, jefe de Instrumentación de Acceso de Combate a la Corrupción; Iván Cortés, subdirector de Vinculación y Seguimiento; Gerardo García Marroquín, director de Información y Blindaje Electoral; Isaac Enrique San Román, subdirector de Capacitación de FEPADE, y Aída Aracely Romero, capacitadora.También participaron los Institutos Electorales de Sinaloa, Durango, Aguascalientes e Hidalgo, cuyo personal se sumó con la impartición de algunos temas.JE