Torreón, Coahuila.- El gobierno estatal emitió un acuerdo para prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada electoral
que entrará en vigencia en territorio coahuilense a partir de las 00:00
horas del 30 de junio hasta las 24:00 horas del 1 de julio del año en
curso.
El secretario de Gobierno, Miguel Ángel Riquelme Solís,
firmó el documento con el que se da cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 286 del Código Federal de Instituciones
Políticas y Procedimientos Electorales.
También en el artículo Décimo Segundo del Decreto, mediante el cual se
establecen los horarios y ubicación a que deberán sujetarse los
establecimientos en donde se vendan o consuman bebidas etílicas.
La prohibición será aplicable aún para aquellos establecimientos que,
por su giro, cuenten con autorización, licencia o permiso para
expenderlas, independientemente de que lo hagan acompañadas por
alimentos o que el consumo deba efectuarse dentro del local de la
negociación o se destinen a consumo en otro lugar.
A través de un comunicado, Riquelme Solís indicó que la inobservancia
total o parcial de lo previsto en este acuerdo, será causa de clausura
definitiva de los establecimientos en que se cometa la infracción.
Aseguró que el gobierno a cargo de Rubén Moreira Valdez siempre ha sido
muy cuidadoso del cumplimiento de todas las disposiciones electorales
federales.
Por ello, añadió, se trabajará en coordinación con las autoridades del
ramo para garantizar el próximo domingo, cuando se lleven a cabo las
votaciones para elegir Presidente de la República, senadores y diputados
federales, un proceso de participación, tranquilidad y transparencia.
Señaló que el domingo 1 de julio se instalarán en las mil 660 secciones
de Coahuila, 3 mil 412 casillas, en las que se habrán de disponer de 213
notarios públicos para que den fe de cualquier eventualidad que suceda
dentro de la contienda electoral, independientemente de la vigilancia
que proporcionen las corporaciones policiacas.
En la firma del documento estuvieron el procurador de Justicia, Homero
Ramos Gloria; el consejero Jurídico del Ejecutivo, Raúl Alvarado Castro y
el secretario de Seguridad Pública, Jorge Luis Morán Delgado.
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