CNDH pide inconstitucionalidad contra adiciones al Código Penal del DF

México.- La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de
inconstitucionalidad contra adiciones al Código Penal del Distrito
Federal por considerarlas inconstitucionales e inconvencionales.En
un comunicado, el organismo que preside recordó que dichas adiciones
fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal hace unos
días, pero a su consideración son inconstitucionales al prever una
privación de la libertad por hasta 10 días sin que se reúnan los
requisitos previstos en la Constitución.Por ello, impugnó
el Artículo 270 bis 1, del citado código, al afirmar que la aplicación
de la medida de detención con control judicial que ahora se contempla
resulta contraria a los artículos 7 y 8, de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, al 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos.Así como los preceptos 3, 9 y 13, de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tutelan los derechos a
la libertad personal, la audiencia previa, seguridad jurídica,
legalidad y, al debido proceso, así como los principios pro persona,
presunción de inocencia, prohibición de detenciones arbitrarias, “lo que
lo torna inconvencional”.La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, que preside Raúl Plascencia Villanueva, indicó además
que las modificaciones incluyen una figura que reproduce los mismos
elementos del arraigo aun cuando se le denomina “detención con control
judicial”.Por lo anterior, al ser el Congreso de la Unión
el único que puede legislar en materia de arraigo y sólo para los casos
de delincuencia organizada, es que interpuso la acción de
inconstitucionalidad, abundó.De acuerdo con la CNDH la
ahora “detención con control judicial” que se creó para la capital del
país contradice los artículos 11, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la
Constitución Política, que regulan los derechos a la libertad de
tránsito, la prohibición de la retención ministerial que exceda las 48
horas o 72 horas para resolver la situación jurídica del inculpado
mediante auto de vinculación o formal prisión.Ante ello,
la comisión consideró que “esa medida cautelar constituye una privación
de la libertad ajena a tales preceptos, lo que la torna una pena
inusitada”.Por ello, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, interpuso la acción de inconstitucionalidad y estará
atenta a que la Suprema Corte de Justicia analice los argumentos
vertidos en la presente acción, y resuelva conforme a derecho.CHG