CJF, Sedena y Semar firman convenio de colaboración para luchar contra la criminalidad

Ciudad de México.- El titular del Poder Judicial de la Federación, Ministro Luis
María Aguilar Morales, afirmó ante los secretarios de la Defensa
Nacional y de la Armada de México,  General Salvador Cienfuegos Zepeda y
Almirante Francisco Soberón Sáenz, respectivamente que a la ciudadanía
no le satisfacen matices orgánicos o distinciones competenciales, sino
resultados.
?Lo que quiere nuestro pueblo es tranquilidad en las calles y cero
impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el
combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de
cualquiera de sus autoridades?.
Lo anterior, en el marco de la firma de convenios de colaboración
institucional entre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina
Armada de México (Semar), durante el cual se refrendó como causa común
el compromiso de combatir el flagelo de la criminalidad para que
desaparezca, a la par de que se respeten plenamente los derechos de
todos.
Inhibir de la ecuación alguna de estas obligaciones se traduce en un
desequilibrio inaceptable que equivale a la ausencia de justicia: pues
la fuerza sin ley que la respalde es mera violencia, pero también la ley
sin fuerza que la haga valer es letra muerta, advirtió el ministro Luis
María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) y del CJF.
Es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia
como sus principales aliados contra la delincuencia, el escepticismo
ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de
una realidad profundamente insatisfactoria, agregó.
El presidente del CJF explicó que este convenio constituye la primera
gran acción que se da en el marco del acuerdo suscrito el 18 de junio
pasado entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del
Sistema de Justicia Penal.
Reconoció a los titulares de las Fuerzas Armadas Nacionales que, como
es su costumbre, dan un paso al frente y toman la iniciativa; son
ejemplo y marcan la pauta de la indispensable coordinación que demanda
el nuevo paradigma constitucional.
Ahora el reto del nuevo sistema es mayor e implica dar los resultados
que la ciudadanía reclama y que pasan necesariamente por lograr la
tranquilidad en las calles, así como cero impunidad en las sedes
judiciales y ministeriales; en suma, dijo, eficacia en el combate a la
delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de sus
autoridades. A todo ello tiene derecho y es nuestro deber satisfacerlo.
Desde hace largo tiempo, explicó el ministro presidente,  la
ciudadanía nos envía mensajes que deben ser entendidos por los distintos
operadores de manera certera, pues cuando falla uno de sus componentes,
hace que todo el sistema se debilite.
Dijo que si un juzgador pone en libertad a un acusado como
consecuencia de violaciones a sus derechos fundamentales o al debido
proceso, desgraciadamente genera en la percepción pública el descrédito
de todas las instituciones de justicia, de todo el sistema, ?pero no es
opción convalidar actuaciones contrarias a la Constitución y violatorias
de derechos fundamentales?.
Abundó que los juzgadores no pueden pasar por alto actuaciones
indebidas de la autoridad que se traduzcan en el menoscabo de los
derechos humanos, ya que la razón de ser de la judicatura federal es la
protección de esos derechos y no hay cabida a regresiones, su plena
vigencia está en la médula misma del Estado de Derecho y trasciende el
margen de decisión de cualquier autoridad, incluyendo los propios
juzgadores.
?De muy poco serviría que los tribunales de la Federación construyan
criterios interpretativos que fijen los estándares constitucionales
conforme a los cuales ha de regirse el desempeño de los agentes de
autoridad, si por regla general los casos juzgados no tienen el alcance
de prevenir la reiteración de las transgresiones, lo que trae consigo
una percepción de impunidad por parte de la sociedad y deslegitima a las
instituciones de procuración e impartición de justicia?, resaltó.
Subrayó que la función de los criterios jurisprudenciales es la de
contribuir a que las labores de seguridad se nutran y orienten por una
comprensión cada vez más precisa del orden constitucional que posibilita
la debida interacción entre gobernantes y gobernados.
La eficacia de los agentes de seguridad no está conformada por los
resultados que se obtengan únicamente con el uso de la fuerza del
Estado, sino que debe estar enmarcada en la aplicación de la ley y el
respeto de los derechos, de tal forma que la fuerza pública se
despliegue conforme a los márgenes constitucionalmente definidos para
ello.
Para los juzgadores federales es una condición innegociable la
armonización que se debe dar del uso de la fuerza y el pleno respeto a
la legalidad.
Es totalmente grave e indeseable que los jueces, al velar por el
respeto de la Constitución, sean percibidos por la sociedad como
generadores de la impunidad y, en esa medida, como tributarios de la
perpetuación de la delincuencia. En ese estado de cosas el saldo es
invariablemente negativo para todos.
El ministro presidente dio a conocer que la privación de la libertad
de las personas, sólo puede estar precedida de una intachable actuación
de la autoridad competente, tanto en las labores de investigación como
en aquellas vinculadas con la detención en flagrancia, circunstancia que
es a la fecha el origen de la mayoría de las causas judiciales, en las
que la regularidad y corrección de tales actuaciones, son motivo de
análisis de nuestros jueces.
Atentos a esta necesidad de apretar el paso y conscientes de la
relevancia y el papel proactivo que debe tener la jurisprudencia, los
titulares de la Sedena y la Semar, buscan ser actores esenciales del
Estado de derecho.
El convenio de colaboración implica que magistrados y jueces
federales, así como secretarios de Estudio y Cuenta de la SCJN
difundirán entre los mandos y los efectivos de ambas secretarías, los
criterios judiciales vinculados con el correcto despliegue
constitucional de las labores de seguridad, a modo de insumo para la
eficacia jurídica de las tareas operativas que realizan.JB