?México.- Al promulgar en Los Pinos la Ley de Migración, el presidente Felipe Calderón señaló que mientras Estado Unidos carezca de un marco legal que encause de forma legalizada y ordenada el flujo de migrantes, éstos seguirán en riesgo de ser manejados por criminales inescrupulosos.
La nueva ley termina con los pretextos de la división de competencias y obliga a toda autoridad a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria, dijo Calderón.
Destacó que se eliminan disposiciones que favorecían la arbitrariedad y ambigüedad y que propiciaban la corrupción de servidores públicos aparejado a la extorsión a los migrantes.
En este contexto recordó que instruyó al secretario de Gobernación a iniciar un profundo proceso de evaluación y depuración del Instituto Nacional de Migración (INM) “y le instruyo nuevamente a que acelere este proceso de manera clara, y que informe sistemáticamente del avance de dicho proceso. Seguiremos adelante con las investigaciones y quien quiera que viole la ley será llevado ante la injusticia
En el salón Adolfo López Materos de Los Pinos, Calderón firmó el decreto de expedición de la Ley de Migración y de cambios a las leyes General de Población, Contra la delincuencia organizada, de la Policía Federal, y de Asociaciones religiosas, así como los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales.
“En tanto Estados Unidos no tenga un marco legal que permita este flujo natural, que se encause de manera legal y ordenada, los migrantes seguirán corriendo el riesgo de ser parte de un mercado manejado por criminales sin escrúpulos. Esa es la realidad”, dijo Calderón.
En presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia; de líderes de organizaciones defensoras de migrantes; de los gobernadores de Tabasco y Chipas, Andrés Granier y Juan Sabines, Calderón puso en énfasis en que la nueva ley obliga con claridad a la coordinación de los tres ordenes de gobierno (municipal, estatal y federal) para perseguir y prevenir delitos contra los migrantes.
“Todas las autoridades que tengan bajo su mando algún tipo de fuerza publica o policial estamos obligadas a colaborar en los esfuerzos de protección migratoria. La división de competencias no será, no debe ser ya un pretexto para no atender delitos ofensivos y graves contra quienes migran, como son el secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, la violación y muchas otras”, sentenció.
Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Cámara de Diputados, demandó que las instancias del Poder Ejecutivo federal, responsables de aplicar las políticas en materia migratoria, “corresponden efectivamente al espíritu de esta ley”.
El legislador dijo que “justo es decir que sobre la ineficacia y la corrupción debe prevalecer y erigirse los intereses de las instituciones de la nación”.
