?Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Justicia, Gobernación, Estudios Legislativos, Primera, y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado aprobaron en lo general la reforma para combatir el lavado de dinero.
Los legisladores se avocarán ahora a analizar los artículos reservados en lo particular.
Los senadores hicieron cambios a la iniciativa original del presidente Felipe Calderón para transferir a la PGR atribuciones, con el fin de crear una unidad de inteligencia para combatir el fenómeno.
El nuevo proyecto de dictamen también se integró con iniciativas de
otros senadores como René Arce, del PRD; y los panistas Minerva
Hernández y Santiago Creel Miranda.
La reforma crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Con la reforma, la PGR contará con una unidad
especializada de Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia
Organizada, órgano técnico especializado en análisis financiero y
contable relacionados con operaciones con recursos de procedencia
ilícita.
Establece entre otras cosas requisitos de selección, ingreso y
permanencia para el personal que labore tanto en la nueva unidad
especializada en análisis financiero y contable de la PGR, como en el
área administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que
tenga acceso a la base de datos de los Avisos que contempla la Ley.
Los nuevos cambios enfocan la nueva ley no en los sujetos que llevan a
cabo transacciones, sino en las actividades vulnerables a ser utilizadas
en los procesos de lavado de dinero.
En el documento, se plantea además retirar los conceptos de “terrorismo”
al considerar que están incluidos en lo que se refiere a ese combate.
“Al establecer con claridad el objeto y fin de la Ley que se dictamina,
que es el debilitar las estructuras financieras de las organizaciones
delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, se
consideró innecesario, por técnica legislativa, que la Ley hiciera
referencia expresa al delito de financiamiento al terrorismo tanto
nacional como internacional, pues éste ya queda comprendido dentro del
género ampliado por esta dictaminadora”, dice el documento.
Entre los mecanismos de mayor utilidad para las autoridades, están los
reportes que deben presentar quienes realicen las actividades de mayor
vulnerabilidad para ser utilizadas por organizaciones criminales en sus
procesos de lavado de dinero, dice el texto.
Se señalan “actividades vulnerables” proclives al lavado de dinero, como
las prácticas de juegos con apuesta, la venta de boletos para dichos
juegos, la emisión de tarjetas de crédito y de cheques, el ofrecimiento
habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de
otorgamiento de préstamos o créditos, así como la prestación habitual o
profesional de servicios de construcción de inmuebles, entre otras.
Además, quienes realicen las “actividades vulnerables” tendrán que
identificar a los clientes y verificar su identidad, además de “avisar” a
la Secretaría de Hacienda de -por ejemplo- operaciones mayores a 500
mil pesos en la compra de inmuebles.
Se mantiene uno de los aspectos más controversiales en el dictamen, que
es el relativo a que el vigilante de las “actividades vulnerables” podrá
ser sancionado desde los 11 mil 492 pesos, hasta los 172 mil 380 pesos,
si no cumple con la labor de avisar a las autoridades de flujos de
efectivo no permitidos.
