México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reveló que logró detener a miles de presuntos delincuentes durante los últimos operativos realizados en las diferentes entidades del país.
Con la implementación de la política Cero Impunidad del Gobierno de México, 7 mil 884 presuntos delincuentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público en una semana, informó el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía.
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El funcionario indicó que del 8 al 14 de diciembre, autoridades federales y estatales detuvieron a un total de 8 mil 218 personas.
Entre ellos, Francisco Javier “N”, alias “El Zule”, presunto líder de La Familia Michoacana en el Estado de México en los municipios de Atizapán, Huehuetoca y Zumpango, y aprehendido por el asesinato de siete personas.
Así como Luis “N”, alias “Don Grifo”, del Cártel de Sinaloa y Luis Octavio “N”, alias “El Mompín”, por homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición forzada.
También fueron aprehendidos en Tamaulipas los integrantes de una banda de presuntos extorsionadores que operaba afuera del penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, Ciudad de México.
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En el caso del homicidio del Juez de Control de Zacatecas, Roberto Elías “N”, ocurrido el 3 de diciembre pasado en el municipio de Guadalupe, señaló que fueron capturados Leopoldo Ismael “N” y José Julián “N”, coautores materiales.
Se detectó que los hermanos, Marco Antonio “N” y Fernando “N”, quienes están presos, ordenaron el crimen porque el juzgador se habría negado a alguna petición de uno de los recluidos. Está pendiente su vinculación a proceso.
Sobre la desaparición forzada de la mexicano-inglesa Claudia “N”, en Oaxaca, comentó que hubo un fallo condenatorio contra cuatro personas, entre ellas, la exalcaldesa de Nochixtlán, Lizbeth “N”, sin embargo, la jueza pretendía que el Ministerio Público señalara el delito de desaparición de personas.
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Lo anterior, aclaró, significaría una pena de 2 a 7 años, mientras que para desaparición forzada es de 40 a 60 años, por lo que de consolidarse esta situación, habría un caso de impunidad.