Guanajuato. La noche del miércoles 29 de enero de 2026, la violencia volvió a hacerse presente en San Francisco del Rincón, Guanajuato, con el asesinato de Antonio Saldaña Reyes, empresario del sector zapatero y militante de Morena, cuyo homicidio generó impacto tanto en el ámbito productivo como en el político de la región.
De acuerdo con los primeros reportes, Saldaña Reyes, de 45 años, circulaba a bordo de un vehículo oscuro sobre el bulevar Aquiles Serdán, en la colonia Santa María, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en múltiples ocasiones. Tras el ataque, los agresores huyeron presuntamente en una motocicleta, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas.
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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. El crimen se suma a una serie de episodios violentos que han afectado a distintos municipios del corredor industrial del Bajío en los últimos meses.
El asesinato fue confirmado públicamente por la diputada federal de Morena, Antares Vázquez Alatorre, quien expresó su pesar a través de redes sociales y exigió que el caso no quede impune. La legisladora recordó a Saldaña como un actor social cercano al movimiento de la Cuarta Transformación y como una figura activa en diversas causas comunitarias.
Antonio Saldaña Reyes era reconocido como un líder social y empresarial en San Francisco del Rincón y municipios aledaños, destacando por su activismo en defensa de derechos ciudadanos, su lucha contra prácticas de dumping que afectan a la industria del calzado y su papel como fundador de la organización La Voz del Pueblo, desde donde impulsó procesos de recuperación de tierras y apoyó a familias en situación de vulnerabilidad.
Exigen justicia y seguridad para líderes sociales
Tras el crimen, distintos actores políticos y organizaciones civiles manifestaron su solidaridad con la familia del empresario y demandaron una investigación exhaustiva. Antares Vázquez reiteró que la violencia contra líderes sociales no debe normalizarse y advirtió que este caso refleja la urgencia de fortalecer la seguridad y la protección para quienes encabezan movimientos comunitarios en contextos marcados por la inseguridad.
