México. – Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán, fue asesinado en las inmediaciones de la presa El Rosario y la violencia volvió a golpear al sector agrícola de Michoacán.
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De acuerdo con los primeros reportes, su cuerpo presentaba impactos de arma de fuego en el rostro y signos de agresión física, según reportes preliminares.
Bravo Manríquez era una figura clave en la defensa de los derechos de los citricultores de Tierra Caliente. En semanas recientes, había encabezado protestas por los bajos precios del limón y denunciado públicamente extorsiones contra productores en al menos seis municipios.
Su liderazgo había sido fundamental para suspender temporalmente el corte de limón como medida de presión ante autoridades estatales y federales.
¿Qué exigencias han surgido tras el crimen?
El crimen ha generado indignación entre organizaciones agrícolas, autoridades locales y representantes del sector productivo, quienes exigen el esclarecimiento inmediato de los hechos y garantías de seguridad para quienes trabajan en el campo. El Gobierno Municipal de Apatzingán condenó el asesinato y llamó a reforzar la protección de líderes comunitarios.
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes, mientras que productores de la región evalúan nuevas medidas de protesta y coordinación para exigir justicia y condiciones dignas para continuar con sus actividades.
¿Cómo es la situación de inseguridad para los limoneros en Tierra Caliente?
Los productores de limón en la región de Tierra Caliente, Michoacán, enfrentan una grave situación de violencia marcada por extorsiones, amenazas y asesinatos, como el reciente caso de Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Apatzingán.
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Diversos grupos criminales han impuesto cuotas ilegales por cada caja de limón cosechada, lo que ha obligado a suspender temporalmente la actividad en varios municipios. Esta presión ha generado protestas del sector agrícola, que exige garantías de seguridad, precios justos y protección institucional para continuar con sus labores sin riesgo a su integridad.
