México.- Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha dado a conocer que solicitará un juicio político en contra de la ministra presidenta Norma Piña, quien días atrás dio apertura a una investigación en contra suya y de sus excolaboradores por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.
El jurista, quien acusa presuntos intereses políticos detrás de esta decisión, detalló que las supuestas irregularidades cometidas por Piña Hernández obligan a presentar una denuncia de juicio político:
Todo este cúmulo de irregulares, la intervención de Norma Piña en el proceso electoral, el uso faccioso de la Corte y del Poder Judicial de la Federación nos obliga a presentar una solicitud de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Por otra parte, en conferencia de prensa, Lelo de Larrea anunció que también presentará diversas denuncias contra la ministra ante el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel).
Entre las acciones legales anunciadas por Zaldívar en conjunto con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encuentran:
-Denuncia por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia, en virtud de su cargo previsto en el Artículo 214, fracción IV, del Código Penal Federal.
-Denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fisel), de la Fiscalía General de la República (FGR), por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición para apoyar o perjudicar algún candidato.
-También ante la Fisel, otra denuncia por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato.
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-Ante el Instituto Nacional Electoral, una queja por violaciones a la imparcialidad y equidad en la contienda, “derivado de la realización de reuniones privadas, según ha trascendido en la prensa, con líderes de partidos políticos en una casa de las Lomas de Chapultepec”.
Y, por último, ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), una denuncia por la filtración del acuerdo admisorio que implica una violación al derecho humano de protección de datos personales.
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