?Tijuana, BC.-
Agentes de la Policía Turística de Tijuana, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, detuvieron a un funcionario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que cuestionaba el motivo del arresto de un migrante que acababa de ser deportado.
También arrestaron a un testigo que grabó en video los hechos que se
suscitaron el 30 de marzo en las afueras del Grupo Beta, en la colonia
Federal.
Los tres hombres fueron llevados ante un juez municipal, quien amonestó
al funcionario de la CNDH de apellido Luna, por supuesta “obstrucción” a
la autoridad, informó una fuente que pidió el anonimato.
Los policías de la Turística argumentaron haber recibido llamadas de
queja que supuestamente reportaban que el migrante detenido se
encontraba molestando a los transeúntes, sin embargo, hacía unos minutos
que había sido deportado cuando los agentes lo interceptaron.
Luna se percató de los hechos y fue por ello que cuestionó a los
uniformados, pero en lugar de responderle lo detuvieron y lo llevaron
ante un juez en la Estancia Municipal para Infractores.
Allá también fue llevado un hombre que videograbó los hechos, a quien
hicieron pagar una multa por dejarlo en libertad, pero apenas había
permanecido unos minutos fuera de las celdas cuando frente a sus
familiares fue obligado a ingresar de nuevo, donde lo mantuvieron hasta
que borró las imágenes en su celular.
Funcionarios de la CNDH y de la Procuraduría de los Derechos Humanos de
Baja California (PDH) pudieron ver el video antes de que fueran
borradas.
Activistas defensores de las garantías individuales, entre quien se
encuentra el titular de la PDH, Heriberto García García, han denunciado
reiteradamente las detenciones arbitrarias de que migrantes son víctimas
por parte de policías municipales.
Las denuncias refieren que no sólo se limitan a detener a los migrantes
que acaban de ser deportados, sino que les roban las pocas pertenencias
que traen consigo y en ocasiones esperan a que los familiares les
depositen dinero para extorsionarlos por no llevarlos a la cárcel.
Además acusan a los policías de que no acepten como identificación el
documento de deportación que les entrega el Instituto Nacional de
Migración (INM).
Incluso, el Ayuntamiento local puso a disposición de los connacionales
repatriados un teléfono para recibir denuncias y quejas por abusos, pero
ellos prefieren no utilizarlo por temor a represalias porque no cuentan
con protección cuando hacen algún reporte que deben atestiguar y
ratificar.
